ANEXO A

CÓDIGO FISCAL

LIBRO PRIMERO

PARTE GENERAL

TÍTULO PRIMERO

DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

Artículo 1º.     Disposiciones que rigen las obligaciones fiscales.- Las obligaciones fiscales, sean impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos o gravámenes que establezca la Provincia del Chubut y todos aquellos aranceles, cánones y derechos o valores que se perciban a través de la Dirección General de Rentas, así como los intereses, actualizaciones y multas resultantes de las mismas, en su caso, se regirán por las disposiciones de este Código, la Ley de Administración Financiera y por las leyes especiales.

Artículo 2º.     Impuestos. Hecho imponible.- Son impuestos las prestaciones pecuniarias que, por disposición de este Código o leyes especiales, estén obligadas a pagar a la Provincia las personas que realicen actos u operaciones que sean considerados por la ley hechos imponibles.

Es hecho imponible, todo hecho, acto, operación o situación de la vida económica de los que este Código o leyes fiscales especiales hagan depender el nacimiento de la obligación impositiva.

Artículo 3º.     Tasas.- Son tasas las prestaciones pecuniarias que, por disposición de este Código o de leyes especiales, estén obligadas a pagar las personas a las que la Provincia les preste servicios administrativos, como retribución de los mismos.

Artículo 4º.     Contribuciones.- Son contribuciones las prestaciones pecuniarias que, por disposición de este Código o de leyes especiales, estén obligadas a pagar a la Provincia las personas que obtengan beneficios o mejoras en los bienes de su propiedad, o poseídos a título de dueño, por obras o servicios públicos generales.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO Y DE LAS LEYES FISCALES

Artículo 5º.     Métodos.- Para la interpretación de las disposiciones de este Código o demás leyes fiscales son admisibles todos los métodos, atendiéndose siempre al fin de las mismas y a su significación económica.

En ningún caso se establecerán, modificarán o suprimirán tributos, ni se considerará a ninguna persona como contribuyente o responsable del pago de una obligación fiscal, sino en virtud de este Código u otra ley.

En materia de exenciones la interpretación será estricta, ajustándose a las expresamente enunciadas en este Código o en leyes especiales.

Artículo 6º.     Normas de interpretación.- Para aquellos casos que no pudieran ser resueltos por las disposiciones de este Código o de leyes fiscales especiales, se recurrirá en el orden que se establece a continuación:

1. A las disposiciones especiales de este Código o de otra Ley fiscal referente a materia análoga.

2. A los principios del derecho tributario.

3. A los principios generales del derecho.

Los principios del derecho privado podrán aplicarse supletoriamente respecto de este Código y demás leyes tributaras únicamente para determinar el sentido y alcance propios de los conceptos, formas e institutos del derecho privado a que aquellos hagan referencia, pero no para la determinación de sus efectos tributarios. La aplicación supletoria establecida precedentemente no procederá cuando los conceptos, formas e institutos del derecho privado hayan sido expresamente modificados por este Código o la Ley tributaria de que se trata.

En todas las cuestiones de índole procesal, no previstas en este Código, serán de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 7º.      Naturaleza del hecho imponible.- Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes se prescindirá en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos.

TÍTULO TERCERO

DEL ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL

Artículo 8º.     Dirección General de Rentas - Funciones.- Las funciones referentes a la recaudación, fiscalización, determinación, devolución y cobro judicial de los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por este Código u otras leyes fiscales, Tasa Policía del Trabajo establecida por la Ley X N° 15, Ley XXIV N° 17 de Productos del Mar, Canon Ley XXIV N° 37 y/o sus modificatorias y/o las que las reemplacen en el futuro, contribuciones establecidas por el artículo 29 del Apéndice del Código de Minería (T.O. Decreto 456/97 PEN) y regalías hidrocarburíferas e hidroeléctricas, corresponderá a la Dirección General de Rentas.

La Dirección General de Rentas se denominará en este Código simplemente "La Dirección".

Artículo 9º.     Ejercicio de las facultades y poderes.- Delegación de funciones y facultades.- Las facultades y poderes atribuidos por este Código u otras leyes fiscales a La Dirección, serán ejercidos por el Director General o por el Director de área que lo sustituya, de conformidad con las normas que se dicten al respecto.

El Director General o quien lo sustituya, representará a La Dirección frente a los poderes públicos, a los contribuyentes y responsables y a los terceros.

El Director General podrá delegar sus funciones y facultades en funcionarios dependientes, de manera general o especial, dentro de los límites que establezcan las normas pertinentes.

El Director General de Rentas podrá a los fines de la descentralización administrativa y para lograr el más rápido y eficiente cumplimiento de las funciones que el Código Fiscal le asigna, delegar las mismas en los directores de área y jefes de Departamento.

Artículo 10º. Poderes y facultades de La Dirección.- Para el cumplimiento de sus funciones, La Dirección podrá:

1. Recaudar, determinar y fiscalizar las obligaciones que pudieran nacer en consecuencia de las disposiciones de este Código o leyes especiales.

2. Requerir de los contribuyentes, responsables o terceros, en cualquier tiempo, la exhibición de libros y comprobantes de actos y situaciones de hecho y de derecho que puedan constituir hechos imponibles, e inspeccionar los lugares, establecimientos, bienes, libros, anotaciones, papeles y documentos que puedan registrar o comprobar las negociaciones y operaciones que se juzguen vinculadas a los datos que contengan o deban contener las declaraciones juradas.

3. Enviar inspecciones a los lugares y establecimientos donde esté el domicilio real, legal o fiscal, o donde se ejerzan las actividades sujetas a obligaciones fiscales, o donde se encuentren los bienes que constituyen materia imponible.

4. Solicitar o requerir informes y comunicaciones escritas o verbales a contribuyentes, responsables o terceros dentro del plazo que fije La Dirección.

5. Inspeccionar entidades públicas provinciales y/o municipales sin trámite previo.

6. Requerir la utilización de programas y utilitarios de aplicación en auditoría fiscal que posibiliten la obtención de datos, instalados en el equipamiento informático del contribuyente y que sean necesarios en los procedimientos de control a realizar. Lo especificado en el presente inciso también será de aplicación a los servicios de computación que realicen tareas para terceros. Esta norma sólo será de aplicación con relación a los contribuyentes o responsables que se encuentren bajo verificación o inspección.

7. Solicitar a órganos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal información relacionada con contribuyentes, hechos imponibles y objetos sometidos a la administración de La Dirección.

8. Citar, dentro del plazo que se les fije, a comparecer a las oficinas de La Dirección a los contribuyentes y demás responsables o a los terceros que a juicio de La Dirección tengan conocimiento de las negociaciones u operaciones de aquéllos, a fin de contestar e informar verbalmente o por escrito, según ésta estime conveniente, todas las preguntas o requerimientos que se les hagan sobre los ingresos, egresos, ventas y, en general, sobre las circunstancias y operaciones que a juicio de La Dirección estén vinculadas al hecho imponible o a la naturaleza de los actos gravados.

9. Solicitar órdenes de allanamiento o cualquier medida cautelar, las que deberán ser libradas por la autoridad judicial competente, bajo responsabilidad de la peticionante, dentro de las veinticuatro (24) horas, habilitando días y horas si fuera solicitado. Las mismas deberán ser tendientes a asegurar la determinación de la obligación fiscal y la documentación o bienes.

10. Solicitar el auxilio inmediato de la fuerza pública para efectuar inspecciones de libros, documentos, locales o bienes de contribuyentes, responsables o terceros, cuando éstos dificultan su realización o cuando las medidas son necesarias para el cumplimiento de sus facultades, o cumplimentar órdenes judiciales, o allanamientos.

11. Intervenir documentos y disponer medidas tendientes a su conservación, custodia y seguridad.

12. Dictar normas relativas a la creación, actuación y supresión de agentes de retención, percepción y/o información.

13. Proceder de oficio a dar de alta a los contribuyentes que no se encuentren inscriptos en los impuestos provinciales y que en virtud de información obtenida por La Dirección o proporcionada por organismos provinciales, nacionales u otros, deberían estarlo.

14. Dictar las normas generales obligatorias en las materias en que las leyes autorizan a La Dirección a reglamentar la situación de responsables y terceros frente a la administración de los recursos que se les asignen.

15. Exigir de los contribuyentes, demás responsables, y aún de terceros, la presentación de declaraciones en formularios, planillas, soporte magnético y todo medio de transferencia electrónica de datos, conteniendo la información requerida por las normas fiscales o la que solicite o establezca La Dirección.

16. Practicar fiscalizaciones electrónicas, de acuerdo a los procedimientos que establezca La Dirección.

En el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización, los funcionarios que las efectúen deberán extender constancia escrita de lo actuado, así como de la existencia e individualización de los elementos exhibidos. Estas constancias escritas, podrán ser firmadas también por los contribuyentes o responsables interesados, cuando se refieran a manifestaciones verbales de los mismos. Las constancias escritas firmadas o no por el contribuyente, responsable o tercero, revisten el carácter de instrumento público. En el caso de fiscalizaciones realizadas por medios electrónicos, la información y documentación enviada en respuesta a los requerimientos formulados lo serán en carácter de declaración jurada y el sistema emitirá los correspondientes comprobantes de envío, acuses de recibo de las respuestas brindadas por los contribuyentes.

TÍTULO CUARTO

DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

Artículo 11º. Responsables por deuda propia.- Están obligados a pagar las obligaciones fiscales enunciadas en el Artículo 1º, personalmente o por intermedio de sus representantes legales como responsables del cumplimiento de las obligaciones propias, quienes son contribuyentes según las normas respectivas, sus herederos y legatarios según las disposiciones del Código Civil y Comercial.

Artículo 12º. Contribuyentes.- Son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho generador de la obligación fiscal prevista en este Código o leyes especiales, los siguientes:

1. Las personas humanas, capaces, con capacidades restringidas e incapaces según el derecho privado.

2. Las personas jurídicas de carácter público y privado que, según el Código Civil y Comercial, revistan la calidad de sujetos de derecho.

3. Las sociedades, asociaciones, entidades, empresas y los contratos asociativos que no reúnan la cualidad prevista en el inciso anterior, cuando sean considerados por las normas tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible.

Las uniones transitorias, las agrupaciones de colaboración, los negocios en participación, los consorcios de cooperación y demás formas asociativas que no tienen personería jurídica, deberán inscribirse incorporando el nombre de todos sus integrantes.

4. Las sucesiones indivisas, cuando las normas tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible.

5. Los fideicomisos que se constituyan de acuerdo a lo establecido en el Código Civil y Comercial.

6. Los fondos comunes de inversión no comprendidos en el primer párrafo del artículo 1° de la Ley Nacional Nº 24.083 y sus modificaciones.

Artículo 13º. Responsables del cumplimiento de la deuda ajena.- Están obligados a pagar las obligaciones fiscales enunciadas en el Artículo 1º, con los recursos que administren, perciban o que dispongan como responsables del cumplimiento de la deuda de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, en la forma y oportunidad que rijan para aquellos, o que especialmente se fijen para tales responsables, como asimismo a cumplir con los restantes deberes tanto de naturaleza formal como sustancial que corresponda exigirles a estos últimos, bajo pena de las sanciones que impone este Código y/o Leyes Especiales:

1. Los padres, tutores, apoyos o curadores de los incapaces.

2. Los síndicos designados en los concursos preventivos o quiebras, los liquidadores de las quiebras y los liquidadores de entidades financieras regidas por la Ley Nacional Nº 21.526 o de otros entes cuyos regímenes legales prevean similar procedimiento, representantes de las sociedades en liquidación, los albaceas o administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos.

3. Los directores, gerentes, representantes, fiduciarios y representantes de las personas jurídicas y demás sujetos aludidos en el Artículo 12º.

4. Los administradores de patrimonios, empresas o bienes, que en ejercicio de sus funciones puedan determinar la materia imponible que gravan las respectivas normas tributarias en relación a los titulares de aquellos y pagar el gravamen correspondiente; y en las mismas condiciones los mandatarios con facultad de percibir dinero.

5. Los mandatarios, respecto de los bienes que administren y dispongan.

6. Los agentes de retención y los de percepción de los impuestos.

Artículo 14º. Solidaridad.- Cuando un mismo hecho imponible es realizado por dos o más sujetos indicados en el Artículo 12º, todos se consideran como contribuyentes por igual y solidariamente obligadas al pago del tributo, actualización, intereses y multas por su totalidad, salvo el derecho de La Dirección de dividir la obligación a cargo de cada una de ellas.

Los hechos imponibles realizados por una persona o entidad, se atribuirán también a otra persona o entidad con la cual aquella tenga vinculaciones económicas o jurídicas, cuando de la naturaleza de esas vinculaciones resultare que ambas personas o entidades puedan ser consideradas una unidad o conjunto económico. En ese caso ambas personas o entidades se considerarán como contribuyentes codeudores de los tributos, accesorios y multas con responsabilidad solidaria y total.

A los fines de considerar la existencia de unidad o conjunto económico, se tendrá en cuenta la participación común de los socios, dueños o accionistas en ambas entidades y la formación de la voluntad social en las reuniones asamblearias o decisiones empresariales, entre otros aspectos que La Dirección estime conveniente.

Análoga disposición rige respecto de las tasas, contribuciones, cánones y demás tributos o gravámenes que establezca la Provincia del Chubut.

Los convenios referidos a obligaciones tributarias realizados entre los contribuyentes y responsables, o entre éstos y terceros, no son oponibles al fisco.

Artículo 15º. Extensión de la solidaridad.- Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores por las obligaciones de este Código y/o leyes especiales y, si los hubiere, con otros responsables de la misma obligación, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas, por los recursos que administran de acuerdo al Artículo 13º:

1. Todos los responsables enumerados en los incisos 1) al 5) del Artículo 13º, cuando por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el Artículo 41º.

No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria cuando el responsable demuestre que el contribuyente le ha impedido o colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales. Asimismo no le será aplicable la responsabilidad personal y solidaria al síndico en los concursos, en los cuales el concursado conserve la administración de su patrimonio de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Concursos y Quiebras.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con carácter general, los síndicos de las quiebras que no hicieran las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de los tributos adeudados por los responsables respecto de los períodos anteriores y posteriores a la iniciación del juicio; en particular, si con anterioridad de quince (15) días al vencimiento del plazo para la presentación de los títulos justificativos del crédito fiscal, no hubieran requerido de La Dirección las constancias de las respectivas deudas.

3. Los agentes de retención y  percepción,  por el tributo que omitieron retener o percibir, o que, retenido o percibido, dejaron de pagar a La Dirección dentro de los quince (15) días siguientes a aquél en que correspondía efectuar el ingreso de la retención o percepción, si no acreditaran que los contribuyentes han pagado el gravamen, y sin perjuicio de la obligación solidaria que para abonarlo exista a cargo de éstos desde el vencimiento del plazo señalado.

La Dirección podrá fijar otros plazos de ingreso cuando las circunstancias lo hicieran conveniente a los fines de la recaudación o del control de la deuda.

4. Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones que las normas tributarias consideren como una unidad económica susceptible de generar íntegramente el hecho imponible, con relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no hubieren cumplido con sus obligaciones de pago del tributo adeudado. La responsabilidad del adquirente, en cuanto a la deuda fiscal no determinada caducará:

a) A los tres (3) meses de efectuada la transferencia si con antelación de quince (15) días ésta hubiera sido denunciada a La Dirección o,

b) En cualquier momento en que La Dirección reconozca como suficiente la solvencia del cedente con relación al tributo que pudiere adeudarse, o que acepte la garantía que éste ofrezca a ese efecto.

Artículo 16º. Efectos de la solidaridad.- Los efectos de la solidaridad son los siguientes:

1. La obligación puede ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los deudores a elección de La Dirección.

2. El pago efectuado por uno de los deudores libera a los demás.

3. El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás cuando sea de utilidad para La Dirección que los otros obligados lo cumplan.

4. La exención o remisión de las obligaciones libera a todos los deudores salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, La Dirección podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficiado.

5. Cualquier interrupción de la prescripción o de la caducidad a favor o en contra de uno de los deudores favorece o perjudica a los demás.

Artículo 17º. Extensión de la responsabilidad por ilícitos.- Son responsables solidaria e ilimitadamente toda persona humana o jurídica, empresas, entidades y otros sujetos sin personería jurídica que por dolo o culpa, aun cuando no tengan deberes tributarios a su cargo, realizaren cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del cumplimiento de la obligación fiscal del contribuyente o demás responsables.

Artículo 18º. Responsables por los subordinados.- Los obligados y responsables de acuerdo con las disposiciones de este Código lo son también por las consecuencias del hecho u omisión de sus factores, agentes o dependientes, incluyendo las sanciones y gastos consiguientes.

TÍTULO QUINTO

DEL DOMICILIO FISCAL

Artículo 19º. Concepto.- El domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables es el real, o en su caso, el legal legislado en el Código Civil y Comercial ajustado a lo que establece el presente artículo. Este es el que los contribuyentes y responsables deben consignar al momento de su inscripción, en sus declaraciones juradas y en las demás presentaciones y escritos que los obligados exterioricen ante La Dirección.

El mismo se considerará aceptado cuando La Dirección no se oponga expresamente dentro de los noventa (90) días de haber sido notificada la respectiva solicitud.

En el caso de las personas humanas, cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde este situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, este último será el domicilio fiscal.

En el caso de los sujetos indicados en los incisos 2, 3 y 5 del Artículo 12º, cuando el domicilio legal no coincida con el lugar donde esté situada la administración principal y efectiva, este último será el domicilio fiscal de acuerdo a lo que fije La Dirección.

Cuando no se hubiera denunciado el domicilio fiscal y La Dirección conociere alguno de los domicilios previstos en el presente artículo o los que prevea vía reglamentaria, podrá declararlo como domicilio fiscal conforme al procedimiento que establezca la misma, el cual tendrá validez a todos los efectos legales.

Cuando se comprobare que el domicilio denunciado no es el previsto en la presente ley o fuere físicamente inexistente, quedare abandonado o desapareciere o se alterare o suprimiere su numeración, y La Dirección conociere el lugar de su asiento, podrá declararlo como domicilio fiscal conforme lo determine la misma, el que tendrá validez para todos los efectos legales.

En los supuestos contemplados por el párrafo anterior, cuando La Dirección tuviere conocimiento, a través de datos concretos colectados conforme a sus facultades de verificación y fiscalización, de la existencia de un domicilio o residencia distinto al domicilio fiscal del responsable, podrá declararlo como domicilio fiscal alternativo conforme lo determina la misma, el que, salvo prueba en contrario de su veracidad, tendrá plena validez a todos los efectos legales. Ello, sin perjuicio de considerarse válidas las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del responsable.  

Artículo 20º. Domicilio fiscal electrónico.- Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 19º, los contribuyentes y responsables deben constituir un domicilio fiscal electrónico, el cual es entendido como el sitio informático seguro, personalizado y válido registrado por los contribuyentes para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza. Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca La Dirección.

Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio constituido, siendo válidas, vinculantes y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que se practiquen en el mismo.

Artículo 21º. Contribuyentes domiciliados fuera de la provincia.- Cuando el contribuyente o responsable se domicilie fuera de la Provincia y no tenga en la misma ningún representante o no se pueda establecer el domicilio de éste, se considerará como domicilio fiscal el que tenga fijado en otra jurisdicción dentro del País. En caso de no tenerlo constituído, se tomará como domicilio fiscal el lugar de la Provincia en que el contribuyente  o responsable tenga sus inmuebles o su negocio o ejerza su explotación o actividad lucrativa o, subsidiariamente, el lugar de su última residencia en la Provincia, o el que La Dirección determine conforme sus facultades de verificación y fiscalización.

Artículo 22º. Cambio de domicilio.- Existe cambio de domicilio cuando se hubiere efectuado la traslación del domicilio regulado en el Artículo 19º o, si se trata de un domicilio legal, cuando éste hubiera desaparecido de acuerdo con lo previsto en el Código Civil y Comercial.

Todo responsable está obligado a denunciar cualquier cambio de domicilio dentro de los quince (15) días de efectuado, quedando en caso contrario sujeto a las sanciones de este Código. La Dirección sólo queda obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio si la respectiva notificación hubiera sido hecha por el responsable en la forma en que determine la reglamentación.

Sin perjuicio de las sanciones que este Código establezca por la infracción de este deber, La Dirección podrá reputar subsistentes, para todos los efectos administrativos o judiciales el último domicilio consignado en una declaración jurada u otro escrito, mientras no se haya comunicado algún cambio.

Artículo 23º. Comunicación del cambio de domicilio en actuaciones administrativas.- Una vez iniciado un trámite, ya sea por la Administración o por un responsable, todo cambio del domicilio fiscal debe ser denunciado fehacientemente en la actuación correspondiente para que surta efectos, no obstante la obligación de comunicación establecida en el Artículo 22º.

En caso de incumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente, toda notificación se cursará al domicilio fiscal conocido en la actuación, cualquiera sea la instancia administrativa del trámite de que se trate.

Artículo 24º. Domicilio procesal constituido.- El contribuyente y/o responsable podrá constituir domicilio procesal respecto de determinada actuación y el mismo resultará válido a todos los efectos tributarios únicamente en el expediente en que fue constituido.

La Dirección podrá, en cualquier momento, exigir la constitución de un domicilio procesal distinto, cuando el constituido por el sujeto entorpezca el ejercicio de sus funciones específicas.

Artículo 25º. Informes para obtener domicilio del contribuyente.- Cuando a La Dirección le resulte necesario conocer el domicilio de un contribuyente, y éste no surgiere de sus registros, podrá requerir informes al Registro Nacional de las Personas, a la Justicia Electoral, a la Inspección General de Justicia, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a Organismos Fiscales Provinciales y, en general, a todo organismo público o privado hábil al efecto.

TÍTULO SEXTO

DE LOS DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE

RESPONSABLES Y DE TERCEROS

Artículo 26º. Contribuyentes y responsables - Deberes.- Los contribuyentes y demás responsables tienen que cumplir los deberes que este Código y/o leyes fiscales especiales establezcan, con el fin de facilitar la determinación, verificación, fiscalización y ejecución de las obligaciones fiscales.

Sin perjuicio de lo que se establezca de manera especial y lo que determine la reglamentación, los contribuyentes y responsables están obligados a:

1. Presentar declaración jurada de los hechos imponibles atribuidos a ellos por las normas de este Código o leyes fiscales especiales, salvo cuando se disponga expresamente de otra manera.

2. Comunicar  a La Dirección dentro de los quince (15) días de ocurrido, cualquier cambio en su situación que pueda dar origen a nuevos hechos imponibles o modificar o extinguir hechos imponibles existentes.

3. Conservar por el término establecido en el Código Civil y Comercial, y presentar a cada requerimiento de La Dirección, en forma ordenada y clasificada, todos los documentos y/o registros, físicos y/o digitales, que de algún modo se refieran a las operaciones o situaciones que constituyen los hechos imponibles y sirven como comprobante de veracidad de los datos consignados en las declaraciones juradas.

4. Contestar, a cualquier pedido de La Dirección, informes y aclaraciones con respecto a sus declaraciones juradas, o en general, a las operaciones que a juicio de La Dirección puedan constituir hechos imponibles.

5. Acreditar la personería cuando correspondiere, y denunciar su CUIT, CUIL o CDI en oportunidad de realizar cualquier requerimiento o presentación ante la Autoridad de Aplicación.

6. Presentar cuando lo requiera La Dirección, constancia de iniciación de trámites antes organismos nacionales, provinciales o municipales, cuando correspondiera.

7. Contestar los requerimientos de La Dirección a través del domicilio fiscal electrónico así constituido.

8. Comunicar a La Dirección la petición de concurso preventivo o quiebra propia dentro de los veinte (20) días de la presentación judicial, acompañando copia de la documentación exigida por las disposiciones legales aplicables, bajo apercibimiento de la multa prevista en el Artículo 45º.

Artículo 27º. Libros.- La Dirección podrá imponer, con carácter general, a categorías de contribuyentes y responsables, lleven o no contabilidad rubricada, el deber de tener regularmente uno o más libros o sistemas de registración electrónicos en que se registren las operaciones y los actos relevantes de sus obligaciones fiscales, con independencia de los libros de comercio exigidos por la Ley, a los fines de la determinación de las obligaciones fiscales.

Artículo 28º. Obligación de terceros a suministrar informes.- La Dirección podrá requerir a terceros, y éstos estarán obligados a suministrarle, todos los informes que se refieran a hechos que, en el ejercicio de sus actividades profesionales o comerciales, hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer y que constituyan o modifiquen estos hechos imponibles según las normas de este Código u otras leyes fiscales, salvo en el caso en que normas del derecho nacional o provincial, establezcan para esas personas el deber de secreto profesional, las que deberán manifestarlo expresamente en sus contestaciones.

La obligación señalada implica que dichos informes deben ser claros, exactos, veraces y no deben omitir ni falsear información alguna.

Artículo 29º. Consulta.- Todo aquel que tuviera un interés personal y directo respecto de una situación concreta, actual o futura, podrá formular a La Dirección consultas sobre la aplicación del derecho, respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que le corresponde, mediante la página web oficial de La Dirección y en las formas establecidas por reglamentación.

La respuesta brindada por La Dirección no tendrá carácter vinculante, no será recurrible y no producirán efectos jurídicos ni para La Dirección ni para el consultante.

La presentación de la consulta no suspende el transcurso de los plazos, ni justifica el incumplimiento de las obligaciones a cargo de quien la realiza.

Artículo 30º. Deberes de funcionario y organismos públicos.- Todos los funcionarios y los organismos públicos de la Provincia, de las Corporaciones Municipales y Comunas Rurales, están obligados a comunicar a La Dirección, con o sin requerimiento expreso de la misma, dentro de los diez (10) días de conocerlo, todos los hechos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de sus funciones públicas específicas, y que puedan constituir o modificar hechos imponibles, salvo cuando se lo prohíban otras disposiciones legales expresas. La Dirección queda facultada para establecer procedimientos y sistemas de información que permitan facilitar la comunicación con los demás organismos públicos del ámbito Provincial y Municipal.

Artículo 31º. Certificados.- Todos los organismos públicos Provinciales y de las Corporaciones Municipales y Comunas Rurales deben requerir de los interesados, certificación extendida por La Dirección, en el momento de tomar razón de actuación o tramitación alguna con respecto a negocios, bienes o actos relacionados con obligaciones fiscales. Así también verificar el pago de las tasas retributivas de servicios que correspondan, en forma previa a dar curso a tramitaciones, registración u archivos de actuaciones.

Cuando se trate de actuaciones administrativas o judiciales que deban cumplirse en un plazo perentorio para evitar la pérdida de un derecho o la aplicación de una sanción, deberá darse entrada a los escritos o actuaciones correspondientes y ordenarse, previo a todo otro trámite, el pago de los tributos adeudados o la presentación del certificado de cumplimiento de obligaciones fiscales extendido por La Dirección conforme lo determine la reglamentación.

Los Escribanos Públicos, a los fines de otorgar escrituras con respecto a negocios, bienes o actos, relacionados con obligaciones fiscales, deberán requerir certificado de cumplimiento extendido por La Dirección salvo lo prescripto por la Ley III N° 11.

La expedición del certificado sólo tiene por objeto facilitar el acto y no posee efecto liberatorio, salvo cuando expresamente lo indicare en el mismo certificado.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

Artículo 32º. Bases para determinar la obligación fiscal.- La determinación de la obligación tributaria se efectuará sobre la base de la declaración jurada que los contribuyentes y demás responsables presenten a La Dirección, en la forma y tiempo que la ley o el Poder Ejecutivo, o La Dirección misma establezcan, salvo cuando este Código u otra Ley fiscal especial, indique expresamente otro procedimiento.

Cuando La Dirección lo juzgue necesario, podrá también hacer extensiva la obligación de suministrar información necesaria para la determinación de la obligación tributaria a los terceros que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los contribuyentes y demás responsables, que estén vinculados a los hechos gravados por las leyes respectivas.

La Dirección podrá disponer con carácter general, cuando así convenga y lo requiera la naturaleza del gravamen a recaudar, la liquidación administrativa de la obligación tributaria sobre la base de datos aportados por los contribuyentes, responsables, terceros y/o los que ella posea.

Tanto la declaración jurada, como la información exigida con carácter general por La Dirección, deben contener todos los elementos y datos necesarios para la determinación y liquidación.

Artículo 33º. Verificación administrativa. Responsabilidad del declarante.- La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio de la obligación que en definitiva liquide o determine La Dirección, hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir en las declaraciones posteriores, salvo por errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante también responderá en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad.

Artículo 34º. Volantes y comprobantes de pago.- Los volantes y comprobantes de pagos confeccionados por el contribuyente o responsable con datos que él aporte, tienen el carácter de declaración jurada, y las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben, están sujetas a las sanciones del Artículo 45º, el Artículo 47º o el Artículo 48º, según el caso. Igual carácter tendrán los escritos que presenten los contribuyentes o responsables que permitan cuantificar la deuda fiscal.

Artículo 35º. Liquidación de deuda mediante sistema informático.- La Dirección podrá efectuar liquidaciones de obligaciones impagas declaradas por el contribuyente, así como los intereses, actualizaciones y multas, a través del sistema de gestión informático, las que constituirán títulos suficientes a los efectos de intimación de pago siempre que contengan, además de los requisitos que les fueran propios, los determinados por La Dirección.

Artículo 36º. Determinación de oficio.- La Dirección podrá verificar las declaraciones juradas y los datos que el contribuyente o el responsable hubiere aportado para las liquidaciones administrativas, a fin de comprobar su exactitud.

Cuando el contribuyente o el responsable no hubieren presentado declaración jurada, o la misma resultara inexacta, por falsedad o error en los datos o errónea aplicación de las normas fiscales, La Dirección procederá a determinar de oficio la obligación fiscal, sea en forma directa, por conocimiento cierto de dicha materia, sea mediante estimación, si los elementos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquella. La reglamentación podrá determinar los elementos que deben contener las resoluciones determinativas de oficio.

Artículo 37º. Determinación de oficio sobre base cierta.- La determinación sobre base cierta corresponderá cuando el contribuyente o los responsables, suministren a La Dirección todos los elementos comprobatorios de las operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibles, o cuando este Código u otra ley establezcan taxativamente los hechos y las circunstancias que La Dirección debe tener en cuenta a los fines de la determinación.

Artículo 38º. Determinación de oficio sobre base presunta.- En caso contrario a lo señalado en el Artículo 37º y subsidiariamente, corresponderá la determinación sobre base presunta, que La Dirección efectuará considerando todos los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con lo que este Código o leyes especiales consideran como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular la existencia y el monto del mismo.

Para efectuar la determinación de oficio sobre base presunta podrán servir como indicio, entre otros: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y/o ventas de otros períodos fiscales, el monto de las compras, los movimientos bancarios debidamente depurados, utilidades, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares dedicadas al mismo ramo, los gastos generales de aquellos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de La Dirección o que deberán proporcionarle los agentes de retención, cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, o cualquier otra persona que posea información útil al respecto, relacionada con el contribuyente y que resulte vinculada con la verificación de los hechos imponibles.

A los efectos de este artículo podrá tomarse como indicio el promedio mensual del total de contraprestaciones devengadas o percibidas, según corresponda, por el ejercicio de la actividad gravada en un período igual o mayor a seis (6) meses, teniendo en cuenta el tipo y la estacionalidad de la actividad gravada.

Artículo 39º. Liquidación administrativa.- Las liquidaciones administrativas practicadas por los agentes que intervengan en la verificación y fiscalización de las obligaciones establecidas en este Código o leyes especiales se pondrán a consideración de los contribuyentes o responsables para que, en el término improrrogable de 10 (diez) días a partir de la notificación, manifiesten su conformidad o disconformidad en forma expresa.

Transcurrido dicho plazo, sin la conformación total o parcial de los ajustes propuestos, La Dirección emitirá la correspondiente resolución determinativa de oficio por la parte no conformada.

No será necesario dictar resolución determinativa de oficio de las obligaciones fiscales de los contribuyentes en el caso de conformidad a los ajustes practicados o, en la medida en que se la preste parcialmente y por la parte conformada, por el sujeto pasivo o su representante debidamente habilitado para ello, revistiendo efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación de oficio para La Dirección.

La aceptación de los ajustes no será obstáculo para la instrucción del sumario pertinente, tendiente al juzgamiento de la eventual comisión de las infracciones tributarias de orden material establecidas en este Código.

Artículo 40º. En los concursos y quiebras, serán títulos suficientes para la verificación del crédito fiscal, las liquidaciones de deuda expedidas por funcionario autorizado al efecto y firmadas por la máxima autoridad del organismo o quien lo sustituya, cuando el contribuyente o responsable no hubiere presentado declaración jurada por uno (1) o más períodos fiscales y La Dirección conozca por declaraciones anteriores y determinaciones de oficio la medida en que presuntivamente les corresponda tributar el gravamen respectivo.

Artículo 41º. Efectos de la determinación de oficio.- La determinación administrativa que rectifique una declaración jurada o que se efectúe en ausencia de la misma quedará firme a los quince (15) días de notificado el contribuyente o responsable, mediante Resolución fundada del Director, salvo que los mismos interpongan dentro de dicho término, recurso de reconsideración ante La Dirección.

Transcurrido el término indicado en el párrafo anterior, sin que la determinación haya sido impugnada, La Dirección no podrá modificarla, salvo en los siguientes casos:

1. Cuando en la resolución respectiva se hubiera dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación de oficio practicada y definido los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente en la determinación anterior.

2. Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o en la consideración de los que sirvieron de base para la determinación anterior.

Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones de este Código.

La determinación sobre base presunta no será considerada como definitiva, subsistiendo la responsabilidad del contribuyente o responsable por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta.

TÍTULO OCTAVO

DE LAS INFRACCIONES A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES

Artículo 42º. Mora en el Pago. Interés Resarcitorio.- Por el período por el cual no corresponde la aplicación del régimen establecido en el Título Decimocuarto de este Libro, la falta total o parcial de pago de las deudas de las obligaciones de este Código o leyes especiales, así como también las de anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, multas, intereses omitidos, con excepción de las previstas en el Artículo 43º, devengarán desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio.

La tasa de interés y su mecanismo de aplicación será establecida por el Ministerio de Economía y Crédito Público; el tipo de interés que se fije no podrá exceder del doble de la mayor tasa de interés activa normal vigente que perciba en sus operaciones el Banco del Chubut S.A. Los intereses se devengarán sin perjuicio del régimen de actualización que pudiera corresponder y de la aplicación de las multas establecidas en el Artículo 45º, en el Artículo 47º o el Artículo 48º, según sea el caso.

La interposición de los recursos administrativos no interrumpe el devengamiento de los intereses.

En caso de cancelarse total o parcialmente la deuda principal sin cancelarse al mismo tiempo los intereses que dicha deuda hubiera devengado, éstos transformados en capital, devengarán desde ese momento los intereses previstos por este Título, constituyendo suficiente título ejecutivo su liquidación administrativa suscripta por funcionario autorizado de La Dirección.

La obligación de pagar los intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de La Dirección a recibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de prescripción para el cobro de esta última.

La Dirección podrá con carácter general, y cuando medien circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, remitir en todo o en parte la obligación de pagar el interés a que se refiere el apartado anterior.

No corresponderá la aplicación de intereses cuando la mora no le sea imputable al responsable, y así lo demostrare.

Artículo 43º. Regalías.- Cualquier acreditación de pago posterior a los vencimientos que realicen los obligados al pago de regalías hidrocarburíferas e hidroeléctricas en virtud de concesiones de explotación de hidrocarburos y demás otorgadas por el Poder Ejecutivo Provincial y/o Nacional, así como también los pagos efectuados por los responsables de la contribución prevista en el artículo 29 del Apéndice del Código de Minería (T.O. Decreto 456/97 PEN), devengarán un interés resarcitorio sin necesidad de interpelación alguna.

Las tasas de interés y su mecanismo de aplicación serán establecidas por el Ministerio de Economía y Crédito Público.

Cuando la mora perdure por más de treinta (30) días corridos a la fecha de pago prevista por las normas vigentes, el deudor deberá abonar además intereses punitorios a una tasa equivalente a dos y media (2 ½) veces la tasa prevista en el párrafo anterior.

El monto resultante se convertirá a pesos considerando el tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de efectivo pago, conforme lo determine La Dirección.

Artículo 44º. Interés punitorio.- Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los pagos de las deudas por las obligaciones de este Código o leyes especiales, sus anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, multas, los importes correspondientes devengarán un interés punitorio computable desde la interposición de la demanda.

El interés punitorio será fijado por el Ministerio de Economía y Crédito Público, no pudiendo exceder al momento de su fijación en más de la mitad de la tasa de interés que se aplique conforme las previsiones del Artículo 42º o del Artículo 43º, según sea el caso, en concepto de interés resarcitorio.

Cuando el monto de los intereses no fuera abonado al momento de ingresar la obligación adeudada, constituirá deuda fiscal y le será de aplicación el régimen legal, desde ese momento hasta el de su efectivo pago, en la forma y plazos previstos para los tributos.

Artículo 45º. Infracción a los deberes formales. Multa.- Los infractores a los deberes formales establecidos en este Código o en otras leyes fiscales especiales y sus decretos reglamentarios, así como a las disposiciones administrativas de La Dirección, serán pasibles de multas graduables entre Diez (10) y Cien (100) módulos, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 42º.

En el supuesto que la infracción consista en el incumplimiento del deber de información previsto en el Artículo 28º del presente Código, la multa a imponer se graduará entre Treinta (30) y Trescientos (300) módulos.

Se aplicará la misma sanción que la prevista en el párrafo anterior, a los agentes de retención y de percepción que, debiendo actuar como tales, no lo hicieran.

La Ley de Obligaciones Tributarias fijará el valor del módulo para el cálculo de la presente multa.

La graduación de la multa establecida en el presente artículo se determinará atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. La Dirección determinará por Resolución de contenido general los hechos y situaciones que sean comprendidos en las categorías de agravantes o atenuantes, dentro de los límites establecidos en la Ley de Obligaciones Impositiva Anual.

Si dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación el infractor pagara voluntariamente la multa y cumpliera con el deber formal omitido, el importe de la multa se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como un antecedente en su contra.

Las sanciones indicadas son independientes de las que pudieran corresponder por omisión o defraudación.

En caso de tratarse de personas jurídicas, los valores de las multas se incrementarán en un 20% (veinte por ciento).

Artículo 46º. Cuando la infracción consista en la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos generales que determine La Dirección, será sancionada, sin necesidad de requerimiento previo, con una multa automática de tres módulos (3), la que se elevará a cinco (5) módulos si se tratare de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas regularmente o no. En los casos en que el incumplimiento a dicho deber formal fuese cometido por un agente de retención y/o percepción, la infracción será sancionada con una multa automática de quince (15) módulos. El procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse, a opción de la Dirección General, con una notificación emitida por sistema informático o en forma manual, que reúna los requisitos establecidos en el presente Código.

Artículo 47º. Omisión. Multa.- Constituirá omisión y será pasible de una multa graduable desde un 30% (treinta por ciento) hasta el 200% (doscientos por ciento) del monto de la deuda omitida y la actualización si correspondiera, con exclusión de los recargos del Artículo 42º, el incumplimiento culpable total o parcial, de las obligaciones fiscales.

No incurrirá en omisión ni será pasible de multa, quien deje de cumplir total o parcialmente su obligación fiscal por error excusable, de hecho o de derecho.

Para la graduación de la multa se tendrá en consideración el monto de la obligación fiscal adeudada, la categoría y antecedentes del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en el caso que corresponda, el registro de reincidencia previsto en el Artículo 52º.

 La sanción prevista en el presente, no será de aplicación para las deudas originadas por la obligación de pago de la contribución impuesta en el artículo 29 del Apéndice del Código de Minería (T.O. Decreto 456/97 PEN), o en virtud de concesiones de explotación de hidrocarburos y/o hidroeléctricas otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional y/o Provincial.

Artículo 48º. Defraudación. Multa.- Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de multas desde un 50% (cincuenta por ciento) hasta 500% (quinientos por ciento) del monto de la deuda omitida y la actualización si correspondiera, con exclusión de los recargos establecidos en el Artículo 42º y en el Artículo 43º, en que se defraudara al Fisco, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes:

1. Los contribuyentes, responsables o terceros, que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general, cualquier maniobra con el propósito de producir la evasión total o parcial de las obligaciones fiscales que les incumben a ellos o a otros sujetos.

2. Los agentes de retención o percepción que mantengan en su poder impuestos retenidos o percibidos después de haber vencido los plazos en que debieron hacerlos ingresar al Fisco. El dolo se presume por el solo vencimiento del plazo, salvo que prueben la imposibilidad de efectuarlo por fuerza mayor o disposición legal, judicial o administrativa.

Para la graduación de la multa se tendrá en consideración el monto de la obligación fiscal adeudada, los antecedentes del responsable en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la existencia de información contenida en el registro de reincidencia dispuesto en el Artículo 52º, además de lo que se fije a través de la reglamentación.

Artículo 49º. Presunciones.- Se presume el propósito de procurar para sí o para otros la evasión de las obligaciones fiscales o defraudación fiscal, salvo prueba en contrario, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias u otras análogas:

1. No haberse inscripto a los efectos del pago de los gravámenes después de sesenta (60) días corridos de transcurrido el plazo que las normas fiscales imponen.

2. Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes, con los datos contenidos en las declaraciones juradas.

3. Manifiesta disconformidad entre los preceptos legales y reglamentarios, y la aplicación que de los mismos hagan los contribuyentes y responsables, con respecto a sus obligaciones fiscales.

4. Declaraciones juradas o informaciones que contengan datos falsos.

5. Omisión en las declaraciones juradas, de bienes, actividades u operaciones que constituyan objetos o hechos imponibles.

6. Producción de informes y comunicaciones falsas a La Dirección, con respecto a los hechos u operaciones que constituyan hechos imponibles.

7. Cuando se lleven dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos o cuando no se llevan o exhiban libros, contabilidad y documentos de comprobación suficiente, ni los libros especiales que disponga La Dirección de conformidad con el Artículo 27º, cuando la naturaleza o el volumen de las operaciones desarrolladas no justifique esa omisión.

8. No haberse inscripto a efectos del pago de los gravámenes cuando este hecho hubiera sido requerido fehacientemente por el Fisco, después de transcurrido el plazo concedido para ello.

9. Cuando se adultere o destruya documentación respecto de la cual los contribuyentes o responsables fueran depositarios. Se presumirá que existe adulteración cuando se observen diferencias entre las actas o planillas de inventario de los documentos intervenidos y el contenido de los mismos, salvo que aquellos permanecieran en paquetes lacrados y sellados que no presenten signos de violación, o que los originales o las copias fotostáticas, debidamente controladas, se hubieran agregado al expediente.

10. No presentar la documentación en el momento de serle requerida por La Dirección y efectivizarla con posterioridad a la notificación de la determinación.

11. Cuando los contribuyentes o responsables omitan presentar las declaraciones juradas y pagar la obligación adeudada si por la naturaleza, volumen e importancia de las operaciones resulte que los mismos no podían ignorar su calidad de contribuyentes o responsables y la existencia de las obligaciones emergentes de tal condición.

12. Cuando se adopten formas o estructuras jurídicas manifiestamente inadecuadas para desfigurar la efectiva operación gravada y ello se traduzca en apreciable disminución del ingreso de la obligación.

13. Cuando se adulteren las estampillas y/o fechas de su utilización.

14. Haber obtenido y/o usufructuado beneficios fiscales mediante información y/o declaraciones juradas que contengan datos falsos.

15. Para el caso de Impuesto de sellos:

a) Cuando se omita la fecha o el lugar de otorgamiento en los instrumentos gravados;

b) Cuando se adulteren, enmienden o se efectúe sobre-raspado de la fecha o lugar del otorgamiento de los instrumentos de actos, contratos y obligaciones suscitas a imposición.

Artículo 50º. Remisión de las multas.- En los casos de infracción a los deberes formales y/u omisión, quedarán exentos de las multas previstas en el Artículo 45º y/o en el Artículo 47º, aquellos contribuyentes y responsables que se presenten espontáneamente a regularizar su situación fiscal, sea cumpliendo con el deber formal y/o regularizando las obligaciones fiscales omitidas, salvo para el Impuesto de Sellos. La espontaneidad se presume siempre que no haya requerimientos o intimación expresa emitida por La Dirección y debidamente notificada.

Artículo 51º. Reducción de la multa.- Cuando el contribuyente preste su conformidad a las simples liquidaciones del Artículo 35º o a las liquidaciones administrativas practicadas según lo establecido por el Artículo 39º e ingrese el importe resultante, las multas se reducirán de pleno derecho y sin sustanciación de sumario previo en los siguientes casos:

1. Si el contribuyente presta conformidad al ajuste propuesto e ingresa la obligación omitida, intereses resarcitorios y multa, dentro del plazo de diez (10) días de notificada la liquidación practicada, la multa a aplicarse se reducirá de pleno derecho al 5% (cinco por ciento) de la obligación omitida; y si el pago es realizado mediante la formulación de un plan de pagos, la multa se reducirá de pleno derecho al 15% (quince por ciento) de la obligación omitida.

2. Si el contribuyente presta conformidad al ajuste e ingresa la obligación resultante, antes de ser notificado de la resolución determinativa, la multa a aplicar se reducirá de pleno derecho al 20% (veinte por ciento) de la obligación omitida, y si es mediante la formulación de un plan de pagos se reducirá de pleno derecho al 25% (veinticinco por ciento) de la obligación omitida.

No corresponde reducción de multas aplicadas respecto del impuesto de sellos, las que se rigen por lo establecido en los Artículos 47º y 54º.

Artículo 52º. Registro de Reincidencia.- La Dirección confeccionará un Registro de los contribuyentes con sanciones firmes por todas las causales enumeradas en este título, como así también las sanciones recaídas y de sus respectivas causas.

Será considerado reincidente a los efectos de este título, el que cometiere una nueva infracción de la misma naturaleza luego de haber cometido tres (3) infracciones a los deberes formales o una (1) infracción material.

Las sanciones no serán consideradas a los efectos de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que quedaren firmes.

Artículo 53º. Los casos previstos en el Artículo 51º no serán de aplicación para los agentes de retención y percepción.

Artículo 54º. Plazo para el pago de las multas. Impuesto de sellos.- Vencido el plazo para el ingreso del impuesto previsto en el 3er.Párrafo del Artículo 59º, la falta de pago del mismo constituirá omisión cuya multa se graduará, de acuerdo al momento en que se presente el contribuyente en forma espontánea a reponerlo, de la siguiente manera:

1. Hasta 10 (diez) días posteriores al vencimiento, el 10% (diez por ciento).

2. De 11 (once) a 60 (sesenta) días posteriores al vencimiento, el 20% (veinte por ciento).

3. De 61 (sesenta y uno) a 90 (noventa) días posteriores al vencimiento, el 25% (veinticinco por ciento).

4. De 91 (noventa y uno) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días posteriores al vencimiento, el 50% (cincuenta por ciento).

5. De más de 365 (trescientos sesenta y cinco) días posteriores al vencimiento, el 100% (cien por ciento).

Los plazos indicados se contarán en días corridos, desde la fecha en que venció el plazo para su ingreso y hasta aquella en que se materialice el pago. Dicha multa se aplicará sobre el monto del impuesto omitido, sin sustanciación de sumario previo.

Artículo 55º. Plazo para el pago de las multas.- Las multas por infracciones a los deberes formales, omisión o defraudación fiscal, serán aplicadas por La Dirección y deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los quince (15) días de quedar notificada la resolución respectiva, salvo para el caso de multas por omisión en el impuesto de sellos cuyos plazos se encuentran previstos en el Artículo 54º.

Artículo 56º. Sumario previo a la aplicación de multas. Multas aplicadas de oficio.- La Dirección, antes de aplicar multa por infracciones enumeradas en el Artículo 47º o en el Artículo 48º dispondrá la instrucción de sumario, excepto en los casos de aplicación del Artículo 54º, notificando al presunto infractor y emplazándolo para que en el término de diez (10) días alegue su defensa y ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.

Vencido este término, La Dirección podrá disponer que se practiquen otras diligencias de prueba o cerrar el sumario y aplicar las multas correspondientes a las infracciones cometidas.

Si el sumariado, notificado en legal forma, no compareciera en el término establecido en el primer párrafo, se seguirá el sumario en rebeldía.

En los casos de la infracción enunciada en el Artículo 45º la multa se aplicará de oficio y sin sustanciación alguna.

Artículo 57º. Notificación de resoluciones.- Las resoluciones que apliquen multa o que declaren la inexistencia de las infracciones presuntas, deberán ser notificadas a los interesados, comunicándoseles al mismo tiempo íntegramente los fundamentos de aquellas.

Las resoluciones que hayan sido debidamente notificadas quedarán firmes si, dentro del plazo establecido en el Artículo 71º, los interesados no interponen la vía recursiva que corresponda según las disposiciones previstas en el citado artículo.

Artículo 58º. Multa a entidades y condenación en costas.- En los asuntos referentes a personas jurídicas o asociaciones, se podrá imponer multa a la entidad y condenarla al pago de costas procesales.

TÍTULO NOVENO

DEL PAGO

Artículo 59º. Plazo.- Salvo disposición expresa en contrario de este Código o Ley Fiscal especial, el pago de las obligaciones con el Fisco que resulten de declaraciones juradas, deberá ser efectuado por los contribuyentes o responsables dentro de los plazos generales que La Dirección establezca.

El pago de las obligaciones determinados de oficio por La Dirección o por la desestimación de Recursos de Apelación emanados del Ministerio de Economía y Crédito Público, deberá efectuarse dentro de los diez (10) días de la notificación.

El pago de las obligaciones establecidas en el Artículo 1º, que en virtud de este Código o Ley Fiscal especial no exijan declaración jurada de los contribuyentes o responsables, deberá efectuarse dentro de los diez (10) días de configurado el hecho imponible, salvo disposición diferente en este Código o Ley Fiscal especial.

Artículo 60º. Forma.- El pago de las obligaciones fiscales, su actualización, sus intereses, recargos y multas, deberá efectuarse depositando la suma correspondiente en efectivo en las cuentas especiales a nombre de La Dirección, en el Banco del Chubut S.A., en el Banco de la Nación Argentina o en las oficinas que La Dirección habilite a tal efecto o mediante las modalidades previstas en el Sistema Nacional de Pagos regulado por la Ley de Entidades Financieras (Ley Nacional Nº 21526), y las normas emitidas por el Banco Central de la República Argentina, que expresamente autorice esta Dirección.

Queda facultada La Dirección para establecer otros medios de pago no comprendidos en los párrafos anteriores, celebrar convenios de recaudación con las entidades financieras y entidades emisoras de medios de pagos legalmente habilitados, así como realizar la apertura de cuentas corrientes recaudadoras.

Artículo 61º. Montos mínimos.- La Dirección podrá no realizar gestiones administrativas y/o judiciales de cobro por deudas provenientes de las obligaciones fiscales a que se refiere el Artículo 1° de este Código cuando el monto de las liquidaciones o de las diferencias que surjan por reajustes por cada obligación, incluidos intereses y multas sean inferiores a veinticinco (25) módulos. Se utilizará el mismo valor del módulo que el fijado en el Artículo 45º.

En los casos de liquidaciones o reliquidaciones, provenientes de una determinación de oficio o de cualquier otra causa, que comprenden diversos períodos fiscales, se ha de considerar el importe correspondiente al total de la deuda determinada, liquidada o reliquidada con sus accesorios a la fecha de quedar firme la determinación.

Artículo 62º. Imputación.- Cuando el contribuyente o responsable fuera deudor de obligaciones fiscales establecidas en el Artículo 1º por diferentes años fiscales y efectuara un pago sin determinar su imputación, La Dirección procederá a imputarlo sin más trámite, cancelando las obligaciones fiscales correspondiente al año fiscal más remoto, en el siguiente orden de prelación: multas, intereses, actualizaciones si correspondiente e impuestos.

Cuando se opusiere expresamente excepción de prescripción y la misma fuera procedente, la imputación antes señalada procederá tomando la deuda fiscal correspondiente al año más remoto no prescripta.

La liquidación practicada por La Dirección con motivo de la imputación efectuada será notificada al contribuyente o responsable y, en su caso, el saldo deudor que quede a su cargo. Esta liquidación se considerará a todos los efectos como determinación de oficio de la obligación fiscal, pudiendo el contribuyente o responsable interponer los recursos previstos en el Título Décimo – Libro I.

Artículo 63º. Compensación de saldos acreedores.- La Dirección podrá compensar de oficio o a pedido de los propios contribuyentes o responsables, cualquiera que sea la forma o procedimiento en que se establezcan, los saldos acreedores provenientes de pagos hechos por error, en demasía o sin causa, con las deudas o saldos de obligaciones de naturaleza tributaria declarados por éstos o determinados por La Dirección y concernientes a períodos no prescriptos, comenzando con los más antiguos y aunque se refieran a distintas obligaciones.

Previo a lo antedicho deberán actualizarse, cuando así correspondiera, débitos y créditos fiscales, según las disposiciones vigentes en la materia.

La Dirección deberá compensar los saldos acreedores con multas, intereses, actualizaciones si correspondiera, de acuerdo al orden de prelación antedicho.

Los agentes de retención y percepción, no podrán solicitar compensación de sus obligaciones fiscales en su carácter de tales, con saldos a su favor provenientes de su calidad de contribuyentes por los distintos tributos legislados en el Código Fiscal y Leyes especiales.

La compensación de saldos acreedores no podrá aplicarse a cuotas planes de facilidades de pago suscriptos.

Las sumas ingresadas por el contribuyente en concepto de pagos parciales destinados a cancelar determinaciones efectuadas por esta Dirección serán pasibles del régimen de actualización si así correspondiera.

Las actualizaciones a las que se refiere el presente artículo corresponden a los cambios operados en el valor relativo de la moneda, resultando aplicables a tales efectos las disposiciones del Artículo 116º.

Artículo 64º. Como consecuencia de la compensación prevista en el Artículo 63º o cuando compruebe la existencia de pagos o ingresos en exceso, podrá La Dirección, de oficio o a solicitud del contribuyente, acreditarle el remanente respectivo, o si lo estima necesario en atención al monto o a las circunstancias, proceder a la devolución de lo pagado de más hasta la suma equivalente al valor de cuatrocientos (400) módulos a partir del acto administrativo que dicte al efecto.

El valor del módulo será el mismo que el establecido para el Artículo 45º, que se fijará a través de la Ley de Obligaciones Tributarias que rija para cada período fiscal.

Las devoluciones que excedan la suma indicada serán dispuestas por el Ministerio de Economía y Crédito Público, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia. Las mismas se harán efectivas por intermedio de la Tesorería General de la Provincia.

Artículo 65º. Cuando en virtud de disposiciones especiales que lo autoricen, los créditos tributarios puedan transferirse a favor de terceros responsables, su aplicación por parte de estos últimos a la cancelación de sus propias deudas tributarias, surtirá los efectos de pago sólo en la medida de la existencia y legitimidad de tales créditos. La Dirección no asumirá responsabilidades derivadas del hecho de la transferencia, las que en todos los casos, corresponderán exclusivamente a los cedentes y cesionarios respectivos.

La solicitud de transferencia se considerará formalmente admisible cuando el contribuyente o responsable haya completado la presentación de los elementos que le fueran requeridos por La Dirección, debiendo ésta dictar resolución dentro de los sesenta (60) días desde dicha fecha.

La aplicación de los saldos a favor deberá efectuarse a partir de la fecha de la resolución que admita la transferencia solicitada en las formas y condiciones que establezca La Dirección.

La impugnación de un pago por causa de la inexistencia o ilegitimidad del crédito tributario aplicado con ese fin, hará surgir la responsabilidad personal y solidaria del cedente si fuera el caso de que el cesionario, requerido por La Dirección para regularizar la deuda, no cumpliere en el plazo que le fuere acordado con la intimación de pago de su importe. Dicha responsabilidad personal y solidaria se hará valer por el procedimiento previsto en el Título Séptimo.

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que los cedentes y cesionarios, por el sólo hecho de haber notificado a La Dirección de la transferencia acordada entre ellos, adhieren voluntariamente a las disposiciones de carácter general que dictare la misma para autorizar y reglamentar este tipo de operaciones.

Artículo 66º. Facilidades de pago.- La Dirección podrá conceder a los contribuyentes, facilidades para el pago de los impuestos, tasas y contribuciones y sus intereses, recargos y multas, en cuotas anuales o en períodos menores que comprendan el capital adeudado a la fecha de la presentación de la solicitud respectiva, con los recaudos que aquella establezca, más un interés mensual que se establecerá mediante Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público, a la tasa activa nominal anual del Banco del Chubut S.A. para “restantes operaciones vencidas”, en pesos, sin perjuicio de los recargos o intereses que anteriormente a esa fecha se hubieran devengado y que empezará a aplicarse a partir del día posterior al vencimiento, o al de la presentación, si ésta fuera posterior.

Se faculta al Ministerio de Economía y Crédito Público a modificar la tasa de interés prevista en el apartado anterior hasta el límite establecido en el Artículo 42º de la presente Ley.

La Dirección determinará la cantidad de cuotas a otorgar. En ningún caso el plazo para completar el pago podrá exceder los cinco (5) años.

Las solicitudes de plazo que fueren denegadas, no suspenden los recargos o intereses que establecen el Artículo 42º y el Artículo 68º y las actualizaciones si correspondiera.

El acogimiento a las facilidades de pago lleva implícito el reconocimiento de la deuda a que él se refiere y el desistimiento de los recursos contra la determinación o la Resolución de La Dirección de la cual resulta la deuda.

Se faculta a La Dirección para acordar facilidades especiales de pago para contribuyentes en Concurso o Quiebra en los términos de la Ley Nacional de Concursos y Quiebras Nº 24.522 La Dirección queda autorizada para prestar conformidad con la propuesta de acuerdo preventivo que se le presente. Requerirá previa autorización del Ministerio de Economía y Crédito Público, cuando en la propuesta se otorgue al crédito fiscal distinto tratamiento que al resto de las deudas quirografarias, en tanto aquél tenga el mismo carácter.  

Artículo 67º. El Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para disponer por el término que considere conveniente, con carácter general, la reducción parcial del interés establecido en el Artículo 68º, la exención total o parcial de la multa establecida en el Artículo 45º, así como la establecida en el Artículo 47º y los accesorios por mora del Artículo 42º y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con todos o cualesquiera de los gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización están a cargo de La Dirección, a los contribuyentes o responsables que regularicen espontáneamente su situación dando cumplimiento a las obligaciones omitidas, siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con el resultado.

Anualmente se dará cuenta a la Honorable Legislatura del uso que se haga de las presentes atribuciones.

Artículo 68º. Las deudas actualizadas conforme con lo dispuesto en el Título Decimocuarto del Libro Primero del presente Código, devengarán en concepto de interés el uno por ciento (1%) mensual, el cual se abonará juntamente con aquellas sin necesidad de interpelación alguna.

El interés se calculará sobre el monto de la deuda actualizada.

La obligación de pagar los intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de La Dirección a recibir el pago de la deuda principal y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por infracciones.

Artículo 69º. Cobro por apremio.- La Resolución definitiva de La Dirección o la decisión del Ministerio de Economía y Crédito Público, que determine la obligación fiscal, debidamente notificada que no sea seguida por el pago en los términos establecidos en el Artículo 59º, será ejecutada mediante la vía de apremio por La Dirección.

Artículo 70º. Acreditación y devolución.- La Dirección deberá de oficio o a demanda de repetición del interesado, acreditar las sumas que resulten a beneficio del contribuyente o responsable por pagos no debidos o excesivos, o por las compensaciones efectuadas, como también, si lo considera oportuno, disponer la devolución de lo pagado de más, según el procedimiento que establezca La Dirección en el marco de lo dispuesto por el Artículo 64º.

TÍTULO DECIMO

DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS

Y PENALES FISCALES

Artículo 71º. Recurso de reconsideración.- Contra las determinaciones de La Dirección y las resoluciones que impongan multas por infracciones, el contribuyente y los responsables podrán interponer recursos de reconsideración, personalmente, por correo, mediante carta certificada con recibo especial de retorno ante La Dirección, o a través del domicilio fiscal electrónico, dentro de los quince (15) días de su notificación.

Con el recurso deberán exponerse todos los argumentos contra la determinación o resolución impugnada y acompañarse u ofrecerse todas las pruebas que se tuvieran, no admitiéndose después otros escritos u ofrecimientos de prueba.

La interposición de este recurso suspende la obligación del pago pero no interrumpe la aplicación de los intereses del Artículo 42º y del Artículo 68º, durante la pendencia del mismo La Dirección no podrá disponer la ejecución de la obligación fiscal.

La Dirección deberá sustanciar las pruebas que considere conducentes, ofrecidas por el recurrente y disponer las verificaciones que crea necesarias para establecer la real situación de hecho y dictará resolución motivada dentro de los sesenta (60) días de la interposición del recurso, notificándola al recurrente con todos sus fundamentos, de acuerdo a las formas establecidas en el Artículo 97º. Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando exista prueba pendiente de producción, cuando la complejidad de la cuestión así lo demandare o por otra razón debidamente fundada.

Artículo 72º. Recurso de apelación o de nulidad y apelación.- La Resolución de La Dirección recaída sobre el recurso de reconsideración, quedará firme a los quince (15) días de notificada de conformidad con el último párrafo del Artículo 71º, salvo que dentro de este término, el recurrente interponga recurso de apelación o de nulidad y apelación ante el Ministerio de Economía y Crédito Público.

Artículo 73º. Forma del recurso de apelación.- El recurso deberá interponerse por escrito, expresando punto por punto los agravios que cause al apelante la resolución impugnada, debiendo La Dirección declarar la improcedencia del recurso cuando se omitan dichos requisitos dentro de los diez (10) días de la interposición del recurso.

Artículo 74º. Aceptación o denegatoria del recurso de apelación.- Presentado el recurso de apelación, La Dirección, sin más trámite ni sustanciación, examinará si el mismo ha sido interpuesto en término y si es procedente y dentro de los diez (10) días de la fecha cierta de presentado el escrito ante el funcionario competente, dictará resolución, admitiendo o denegando la apelación.

La Dirección deberá elevar la causa al Ministerio de Economía y Crédito Público, para su conocimiento y decisión, notificando al recurrente de la resolución.

Artículo 75º. Recurso de queja.- Si La Dirección denegase la apelación, la resolución respectiva deberá ser fundada y especificar las circunstancias que la motivan, debiendo notificarse al apelante, el que podrá ocurrir directamente en queja ante el Ministerio de Economía y Crédito Público, dentro de los quince (15) días de haber sido notificado.

Transcurrido dicho término sin que se hubiera recurrido la resolución de La Dirección quedará de hecho consentida con carácter de definitiva.

Artículo 76º. Procedimiento en el recurso de queja.- Interpuesta la queja, el Ministerio de Economía y Crédito Público, librará oficio a La Dirección, solicitando la remisión de las actuaciones, las que se elevarán dentro del tercer día. La resolución sobre la admisibilidad del recurso deberá dictarse dentro de los treinta (30) días de recibidas las actuaciones, notificándola al recurrente.

Si el Ministerio de Economía y Crédito Público, confirmara la resolución apelada declarando la improcedencia del recurso, quedará abierta la vía contencioso-administrativa en la forma prescrita por el Artículo 79º del Código Fiscal.

Si la revocara, acordando la apelación interpuesta conferirá traslado de las actuaciones a La Dirección a los efectos de la contestación que prevé el Artículo 77º, debiendo contarse el término correspondiente desde la recepción de las mismas.

Artículo 77º. Procedimiento en el Recurso de Apelación.- Los recursos de apelación ante el Ministerio de Economía y Crédito Público, se regirán por el procedimiento siguiente:

1. Admitida la apelación, La Dirección deberá llevar las actuaciones al Ministerio de Economía y Crédito Público, juntamente con un escrito de contestación a los fundamentos del apelante, dentro de los quince (15) días.

2. Cumplido este trámite, la causa quedará en condiciones de ser fallada definitivamente salvo la facultad del Ministerio de Economía y Crédito Público, de disponer las diligencias de prueba que considere necesarias para mejor proveer.

Artículo 78º. Recurso de apelación. Nuevas presentaciones. Su resolución.- En los recursos de apelación los recurrentes no podrán presentar o proponer nuevas pruebas, pero sí nuevos argumentos especialmente con el fin de impugnar los fundamentos de las resoluciones recurridas.

El Ministerio de Economía y Crédito Público, dictará su decisión dentro de los sesenta (60) días de la fecha de presentación del recurso y previa vista al Fiscal de Estado por el término de cinco (5) días, la notificará al recurrente con sus fundamentos.

La interposición del recurso suspende la obligación, pero no interrumpe los intereses del Artículo 42º ni los del Artículo 68º.

Artículo 79º. Demanda ante el Tribunal Superior.- Contra las decisiones definitivas del Ministerio de Economía y Crédito Público que determinen las obligaciones fiscales, sus accesorios y multas, o las resoluciones apeladas de La Dirección, cuando el Ministerio no hubiere dictado su decisión en los términos establecidos en el Artículo 78º, el contribuyente o responsable podrá interponer demanda contencioso - administrativa ante el Tribunal Superior, dentro del plazo de treinta (30) días de notificado, o de puesto en mora cuando el Ministerio no se expida, acompañando constancias del pago de las obligaciones fiscales, sus accesorios y multas.

Artículo 80º. Demanda de repetición.- Los contribuyentes y responsables podrán interponer demanda de repetición de los impuestos, tasas y contribuciones y sus accesorios pagados espontáneamente, cuando el pago hubiere sido indebido o por error de cálculo o de concepto, o sin causa, o por errónea aplicación de las normas de este Código o ley fiscal especial al caso concreto.

En caso de que la demanda fuera promovida por agentes de retención o de percepción, estos deberán presentar nómina de los contribuyentes a quienes La Dirección efectuará la devolución de los importes cuestionados, salvo que acrediten la debida autorización para su cobro.

La Dirección, previa sustanciación de las pruebas ofrecidas o de las otras medidas que considere oportuno disponer, deberá dictar resolución dentro de los sesenta (60) días de interpuesta la demanda, notificándola al demandante, mediante las formas establecidas en el Artículo 97º, con todos sus fundamentos.

No corresponde la acción de repetición, cuando la obligación fiscal hubiera sido determinada por La Dirección o el Ministerio de Economía y Crédito Público, con resolución o decisión firme, o cuando se fundare únicamente sobre la impugnación de las valuaciones de bienes establecidas con carácter definitivo por La Dirección u otra dependencia administrativa, de conformidad con las normas respectivas.

Artículo 81º. La demanda de repetición obligará a La Dirección a verificar la declaración jurada y el cumplimiento de la obligación fiscal a la cual aquella se refiera y, dado el caso, determinar y exigir el pago de la obligación que resultare adeudarse. La resolución recaída sobre la demanda de repetición sólo podrá ser objeto del recurso de apelación o de nulidad y apelación ante el Ministerio de Economía y Crédito Público, en los mismos casos y términos que los previstos en el Artículo 72º y en el Artículo 74º, y con las limitaciones establecidas en el primer párrafo del Artículo 78º.

Artículo 82º. Denegatoria tácita.- Si La Dirección, en los recursos de reconsideración o en las demandas de repetición no dictara su resolución dentro de los términos establecidos en el Artículo 71º último párrafo y Artículo 80º tercer párrafo, respectivamente, el recurrente podrá requerir pronto despacho y transcurrido treinta (30) días de tal requerimiento sin que la resolución fuese dictada, podrá considerarlo como resuelto negativamente y presentar recurso de apelación ante La Dirección, la que elevará las actuaciones a conocimiento y decisión del Ministerio de Economía y Crédito Público, con su memorial.

Artículo 83º. Instancias previas para recurrir ante el Tribunal Superior.- El recurso de reconsideración y la demanda de repetición ante La Dirección y el recurso de apelación ante el Ministerio de Economía y Crédito Público, son requisitos previos para demandar al Fisco ante el Tribunal Superior.

Las cuestiones concernientes a materia fiscal, sobre las que legisla este Código o ley fiscal especial, deberán ventilarse ante los órganos pertinentes y conforme a los procedimientos establecidos en el mismo no siendo procedente ninguna acción entablada ante otra autoridad jurisdiccional, salvo lo establecido en el Artículo 79º de este Código.

TÍTULO UNDÉCIMO

DE LA EJECUCIÓN POR APREMIO

Artículo 84º. Cobro por apremio.- Cuando los contribuyentes o responsables no pagasen los impuestos, tasas y contribuciones, intereses, recargos y multas ejecutoriadas según lo dispuesto por este Código Fiscal y leyes especiales, La Dirección promoverá por intermedio de sus representantes legales las ejecuciones fiscales pertinentes, sirviendo de suficiente título ejecutivo la boleta de deuda expedida por La Dirección.

Artículo 85º. Competencia.- Las Ejecuciones Fiscales tramitarán ante los Jueces de Primera Instancia de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, con competencia en la materia.

Artículo 86º. Notificador y Oficial de Justicia “Ad-Hoc”.- A los fines del diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones, el ejecutante propondrá al Juez en el primer escrito que presente, la designación de un Oficial de Justicia “Ad Hoc”. Los jueces designarán al funcionario propuesto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, sin sustanciación alguna.

Artículo 87º. Designación de Martillero Público.- La Dirección podrá, una vez firme la sentencia de remate dictada en el juicio de ejecución fiscal, proponer martillero para efectuar la subasta, debiendo en tal caso el juez que entiende en la causa, designar al propuesto.

Artículo 88º. Excepciones.- No podrán oponerse otras excepciones que las siguientes:

1. Inhabilidad de título exclusivamente en vicios relativos a la forma extrínseca de la boleta de deuda.

2. Pago total documentado.

3. Prescripción.

4. Espera documentada.

No serán de aplicación al juicio de ejecución fiscal las excepciones contempladas en el segundo párrafo del artículo 611 de Código de Procedimiento Civil y Comercial.

Artículo 89º. Acción de repetición.- En los casos de sentencia dictada en los juicios de apremio por cobro de obligaciones fiscales, la acción de repetición sólo podrá deducirse una vez satisfecha la obligación adeudada, accesorios y costas.

Artículo 90º. Aplicación.- Serán de aplicación en la sustanciación de la ejecución fiscal las normas establecidas en este Código aplicando en forma supletoria el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia del Chubut.

La Dirección podrá convenir con el Superior Tribunal de Justicia el uso del expediente digital en las ejecuciones por apremio.

Los pagos efectuados después de iniciado el juicio, los pagos mal imputados o no comunicados por el contribuyente o responsable en la forma que establezca La Dirección no serán hábiles para fundar excepción. Acreditados los mismos en los autos, procederá su archivo o reducción del monto demandado con costas a los ejecutados.

Artículo 91º. Medidas Cautelares.- La Dirección podrá solicitar a los jueces, en cualquier estado del juicio, que se disponga el embargo de muebles e inmuebles e inhibición general de bienes de cualquier naturaleza, así como también de los fondos y valores que los ejecutados tengan depositados en las entidades financieras regidas por la Ley Nacional N° 21.526. Estos últimos se diligenciarán mediante oficio librado al Banco Central de la República Argentina, el cual deberá comunicar la traba de la medida a las instituciones respectivas. Dentro de los quince (15) días de notificada la medida, dichas entidades deberán informar a La Dirección acerca de los fondos y valores que resulten embargados.

Facúltese al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con el Banco Central de la República Argentina, y los Registros de Propiedad Mueble e Inmueble, a los fines de coordinar la aplicación de la presente norma.

TÍTULO DUODÉCIMO

DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 92º. Términos.- Las facultades y poderes de La Dirección, de determinar las obligaciones fiscales o verificar y rectificar las declaraciones juradas de contribuyentes y responsables, exigir judicialmente el pago y aplicar multas prescriben:

1. En el caso de contribuyentes inscriptos, por el transcurso de cinco (5) años.

2. En el caso de contribuyentes no inscriptos, por el transcurso de diez (10) años.

3. Cuando se trate de deudas originadas en regímenes de retención y/o percepción, practicadas y no ingresadas a su vencimiento, por el transcurso de diez (10) años.

La acción de repetición de impuestos, obligaciones y accesorios a que se refiere este Código y Leyes Especiales prescribe por el transcurso de cinco (5) años.

Artículo 93º. Iniciación de los términos.- Los términos de prescripción de las facultades de esta Dirección para determinar las obligaciones fiscales y facultades accesorias, así como la acción para exigir el pago, comenzarán a correr desde el primero de enero siguiente al año en el cual se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso de las obligaciones fiscales.

El término para la prescripción de la facultad de aplicar multas comenzará a correr desde el primero de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.

El término de prescripción para la acción de repetición, comenzará a correr desde la fecha del pago.

El término para la prescripción de la acción para el cobro judicial de impuestos, tasas y contribuciones y accesorios y multas, comenzará a correr desde la fecha de la notificación de la determinación impositiva o aplicación de multa, o de las resoluciones y decisiones definitivas que decidan los recursos contra aquellas.

Los términos de prescripción establecidos en el Artículo 92º no correrán mientras los hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por La Dirección por algún acto o hecho que los exteriorice en la Provincia.

Artículo 94º. Suspensión.- Se suspende por un (01) año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:

1. Desde la fecha de la notificación fehaciente del inicio de fiscalización.

2. Desde la fecha de la notificación fehaciente de la disposición que inicia la instrucción de sumario por incumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material o formal.

Artículo 95º. Interrupción de la prescripción. La prescripción de las facultades y poderes de La Dirección para determinar las obligaciones fiscales y exigir el pago de las mismas se interrumpirá:

1. Por el reconocimiento, expreso o tácito, por parte del contribuyente o responsable de su obligación.

2. Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso.

3. Por cualquier actuación administrativa o judicial tendiente a obtener el pago.

En el caso del inciso 1 y 2, el nuevo término de prescripción comenzará a correr a partir del primero de enero siguiente al año en que las circunstancias mencionadas ocurran.

La prescripción de la acción para aplicar multa se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible.

La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se interrumpirá por la deducción de la demanda de repetición dispuesta en el Artículo 80º de este Código.

Artículo 96º. Acciones y poderes del Fisco.- Las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos, tasas y contribuciones regidos por el presente Código y ley fiscal especial y aplicar y hacer efectivas las multas en ellas previstas, prescriben respecto a los contribuyentes no inscriptos, para quienes comenzarán a correr los términos de la prescripción a que se refiere el Artículo 92º a contar del 1º de enero siguiente a la fecha de la presentación de la primera declaración jurada.

TÍTULO DECIMOTERCERO

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 97º. Forma de las citaciones, notificaciones, intimaciones, etc.- En las actuaciones administrativas originadas por la aplicación de este Código o de Leyes Especiales, las notificaciones, citaciones o intimaciones podrán efectuarse:

1. Personalmente, por intermedio de un empleado de La Dirección, quien dejará constancia en acta de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la firma del interesado. Si éste no supiera o no pudiera firmar, podrá hacerlo, a su ruego, un testigo.

Si el destinatario no estuviera o se negare a firmar, dejará igualmente constancia de ello en acta. En los días siguientes, no feriados, concurrirán al domicilio del interesado dos (2) funcionarios de La Dirección para notificarlo. Si tampoco fuera hallado, dejarán la resolución o carta que deben entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el mismo, haciendo que la persona que lo reciba suscriba el acta.

Si el destinatario no se encontrase, se negare a firmar o a recibirla, los agentes procederán, a dejar copia del acto a notificar, en el lugar donde se llevan a cabo las actuaciones dejando constancia de tales circunstancias en acta.

Las actas labradas por los empleados notificadores harán fe mientras no se demuestre su falsedad.

2. Por carta certificada con aviso especial de retorno o carta certificada sin cubierta con acuse de recibo. El aviso de retorno o acuse de recibo servirán de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente o responsable aunque sea suscripto por un tercero.

3. Por cédula por medio de los empleados que designe La Dirección, quienes en las diligencias deberán observar las normas que sobre la materia establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut.

4. Por telegrama colacionado u otro medio de comunicación de similares características.

5. Por la comunicación cursada al domicilio fiscal electrónico previsto en el Artículo 20º, en las formas, requisitos y condiciones que establezca La Dirección.

Si no pudieran practicarse en las formas mencionadas, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las diligencias que La Dirección pueda disponer para hacer llegar a conocimiento del interesado la notificación, citación o intimación de pago.

Las resoluciones dictadas por La Dirección o por el Ministerio de Economía y Crédito Público se notificarán con la transcripción íntegra de sus considerandos.

Artículo 98º. Notificaciones en el domicilio fiscal electrónico.- En el caso de las notificaciones cursadas conforme lo previsto en el Artículo 97º, inc. 5, las comunicaciones enviadas por ese medio se considerarán fehacientemente notificadas en los siguientes momentos, lo que ocurra primero:

1. El día en el que el contribuyente o responsable acceda a la comunicación o el siguiente día hábil administrativo, si éste fuera inhábil, o

2. El día martes inmediato posterior a la fecha en que la comunicación se pusiera a disposición en el domicilio fiscal electrónico, o el siguiente martes hábil administrativo, si aquél fuera inhábil o así declarado por La Dirección por inoperatividad del sistema.

Artículo 99º. Secreto de las informaciones.- Las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que los contribuyentes, responsables o terceros presenten a La Dirección son secretos, así como los juicios ante el Ministerio de Economía y Crédito Público, en cuanto en ellos se consignen informaciones referentes a la situación u operaciones económicas de aquellos o a sus personas o a las de sus familiares.

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o de La Dirección, están obligados a mantener en la más estricta reserva todo lo que llegue a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, sin poder comunicarlo a nadie, salvo a sus superiores jerárquicos, o, si lo estimaran oportuno, a solicitud de los interesados.

Las informaciones antedichas no serán admitidas como prueba en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones de familia o por procesos criminales por delitos comunes, cuando aquellas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen, o que la solicite el interesado, siempre que la información no revele datos referentes a terceros.

El deber del secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por La Dirección para la fiscalización de obligaciones fiscales diferentes de aquellas para las que fueron obtenidas, ni subsiste frente a los pedidos de informes del fisco nacional, otros fiscos provinciales o fiscos municipales de la Provincia del Chubut, siempre que existan acuerdos que establezcan reciprocidad.

El deber del secreto también comprende a las personas o empresas o entidades a quienes La Dirección encomiende la realización de tareas administrativas, relevamiento de estadística, computación, procesamiento de información, confección de padrones y otras para el cumplimiento de sus fines. En estos casos regirán las disposiciones de los tres primeros párrafos del presente artículo, y en el supuesto que las personas o entes referidos precedentemente o terceros divulguen, reproduzcan o utilicen la información suministrada y obtenida con motivo o en ocasión de la tarea encomendada por La Dirección, serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal.

El secreto establecido en el presente artículo no regirá para el supuesto que, por desconocerse el domicilio del responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos.

Artículo 100º.  Ausentismo - Definición.- A los efectos de la aplicación de este Código y de leyes fiscales, se consideran ausentes:

1. A las personas que permanentemente o transitoriamente residan en el extranjero durante más de tres (3) años, excepto que se encuentren desempeñando comisiones oficiales de la Nación, provincias o municipalidades, o que se trate de funcionarios de carrera del Cuerpo Diplomático y Consular Argentino.

2. A las personas jurídicas con directorio o sede principal en el extranjero, aunque tengan directorio o administraciones locales.

Artículo 101º.  Cómputo de los términos.- Todos los términos señalados en este Código se refieren a días hábiles administrativos, excepto que se establezca específicamente que se trata de días corridos.

Cuando no se hubiere establecido un plazo para el cumplimiento de intimaciones, emplazamientos, contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días.

Artículo 102º.  Suspensión.- Si a los efectos de articular un recurso previsto en el presente Código Fiscal la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones, el plazo para recurrir se suspenderá durante el tiempo que se le conceda a dicho efecto.

La mera presentación de un pedido de vista, suspende el curso de los plazos, sin perjuicio de la suspensión que cause el otorgamiento de la vista.

En ningún caso la suspensión de plazos podrá ser superior al término de diez (10) días hábiles.

TÍTULO DECIMOCUARTO

DEL RÉGIMEN DE ACTUALIZACION

Artículo 103º.  Se establece un régimen de actualización de los créditos a favor del Estado y de los que se generen a favor de los particulares, emergentes de la aplicación del Artículo 1º del presente Código, en la forma y condiciones que se indican en este Título.

Artículo 104º.  Estarán sujetos a actualización:

1. Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Código Fiscal y demás obligaciones establecidas por Leyes Especiales.

2. Los anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones, correspondientes a esas obligaciones.

3. Las multas, aplicadas con motivo de las mencionadas obligaciones.

4. Los montos por dichos obligaciones que los particulares repitieren, solicitaren devolución o compensaren.

El régimen de actualización de esta ley será de aplicación general y obligatoria, sustituyendo los regímenes propios que, en su caso, pudieren existir para algunas de las obligaciones mencionadas precedentemente, y sin perjuicio de la aplicabilidad adicional de los intereses, demás accesorios y multas que aquellos prevean.

Artículo 105º.  Las multas actualizables serán aquellas que hayan quedado firmes y correspondan a infracciones cometidas con posterioridad a la publicación de la Ley.

Artículo 106º.  La actualización integrará la base para el cálculo de las sanciones e intereses previstos en el Código Fiscal o las de caracteres específicos establecidos en las Leyes de los tributos a los que es de aplicación este régimen.

Artículo 107º.  La actualización procederá automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna, mediante la aplicación del coeficiente correspondiente al período comprendido entre la fecha de vencimiento y la de pago, computándose como mes entero las fracciones del mes.

En el caso de inexistencia de pago, la actualización procederá por el período comprendido entre la fecha de vencimiento de la obligación y la fecha en que se dicte resolución determinativa o se inicie el juicio de apremio. Iniciada la demanda judicial o transcurrido el plazo desde la notificación de la resolución determinativa, cada uno de los conceptos que integran la deuda serán actualizados a partir de la fecha de la demanda judicial o de la resolución determinativa y hasta la fecha efectiva de pago.

Artículo 108º.  Los coeficientes aplicables a los distintos conceptos integrantes de la deuda resultan de dividir el valor del índice correspondiente a la fecha de pago por el valor del índice correspondiente a la fecha o período de origen de la deuda.

El índice a emplear será el resultante de las mediciones del “Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC)” del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Se considera representativo del índice de la fecha de pago el valor del índice correspondiente al último publicado por el INDEC.

Artículo 109º.  La obligación de abonar el importe correspondiente por actualización surgirá automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna por parte del Ente acreedor. Esta obligación subsistirá no obstante la falta de reserva por parte de aquél al recibir el pago de la deuda por las obligaciones o sanciones y mientras no se haya operado la prescripción para el cobro de ellos.

En los casos en que se abonaren las obligaciones o sanciones sin la actualización correspondiente, este monto también será susceptible de la aplicación del régimen legal desde ese momento, en la forma y plazos previstos para las obligaciones fiscales.

Artículo 110º.  El monto de la actualización correspondiente a los anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones, no constituye crédito a favor del contribuyente o responsable contra la deuda de la obligación al vencimiento de éste, salvo en los casos que el mismo no fuera adeudado.

Cuando el monto de la actualización y/o intereses no fuera abonado al momento de ingresar el tributo adeudado, constituirá deuda fiscal y le será de aplicación el presente régimen legal desde ese momento hasta el de su efectivo pago, en la forma y plazos previstos para las obligaciones fiscales.

Artículo 111º.  En los casos de pagos con prórroga la actualización procederá sobre los saldos adeudados, hasta su ingreso total.

Artículo 112º.  Cuando La Dirección solicitara embargo preventivo por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables, deberá incluirse en dicha cantidad la actualización presuntiva correspondiente a la misma, sin perjuicio de la determinación posterior de la obligación y de la actualización adeudada.

Artículo 113º.  Contra las intimaciones administrativas de ingreso del monto de actualización procederá el reclamo administrativo, que se resolverá sin sustanciación, únicamente en lo que se refiera a aspectos ligados a la liquidación del mismo.

Cuando dicho reclamo involucrara asimismo aspectos referidos a la procedencia de la obligación, serán aplicables las disposiciones que rigen esta última materia, inclusive en lo que hace a la correspondiente actualización.

Artículo 114º.  También serán actualizados los montos por los que los contribuyentes o responsables solicitaren devolución, repetición, pidieren reintegro o se compensaren.

Artículo 115º.  En los casos en que los contribuyentes o responsables solicitaren la devolución, acreditación o compensación de importes abonados indebidamente o en exceso, si el reclamo fuera procedente, se reconocerá la actualización desde la fecha de aquél y hasta el momento que se disponga la devolución, acreditación o compensación.

El índice de actualización se aplicará de acuerdo con lo previsto en el Artículo 106º y  Artículo 107º.

Artículo 116º.  El Poder Ejecutivo dispondrá la aplicación del régimen establecido en el presente Titulo, dando cuenta a la Honorable Legislatura de la entrada en vigencia del mismo.

LIBRO SEGUNDO

PARTE ESPECIAL

TÍTULO PRIMERO

IMPUESTO INMOBILIARIO

Capítulo I

Del hecho imponible y de la imposición

Artículo 117º.  Inmuebles afectados.- Por los inmuebles situados en la Provincia o sometidos a su jurisdicción, pero que no se encuentren ubicados dentro de los ejidos municipales, se pagará un impuesto anual. Su determinación deberá hacerse conforme a la valuación fiscal en la Ley de Obligaciones Tributarias.

Artículo 118º.  Recargos.- Los sujetos enunciados en los incisos 2) y 3) del Artículo 12º del presente Código pagarán el impuesto con un recargo que fijará la Ley de Obligaciones Tributarias.

Artículo 119º.  Ausentismo. Recargo.- El impuesto establecido en el presente Título será aumentado además, con un recargo que fijará la Ley de Obligaciones Tributarias, cuando el propietario de inmueble o inmuebles, se encuentre en la situación prevista en el Artículo 100º del Libro Primero de este Código. Este recargo deberá pagarse anualmente junto al impuesto establecido en este Título, desde el primero de enero del año en que el propietario salga del país hasta el 31 de Diciembre del año en que el ausente regrese definitivamente.

Artículo 120º.  Inmuebles improductivos.- Al impuesto establecido en el presente título se le sumará un adicional por improductividad equivalente al cuádruple de la alícuota establecida para el pago del impuesto fijado en la Ley de Obligaciones Tributarias. Se consideran inmuebles improductivos aquellas explotaciones que no alcancen con su producción declarada en bruto el diez por ciento (10%) del valor fiscal del inmueble.

Capítulo II

De los contribuyentes y demás responsables

Artículo 121º.  Contribuyentes. Definición.- Son contribuyentes del impuesto establecido en el presente Título, los propietarios de inmuebles o sus poseedores a título de dueños.

Se consideran poseedores a título de dueños:

1. Los adquirentes con escrituras otorgadas y aún no inscriptas en el Registro Real de la Propiedad.

2. Los adquirentes que tengan la posesión aun cuando no se hubiere otorgado la escritura traslativa de dominio.

3. Los adjudicatarios de tierras fiscales en los casos similares a los expresados en el inciso anterior.

4. Los Titulares de derechos de superficie. Cuando se disponga la constitución del derecho real de superficie, el superficiario titular del derecho de superficie resultará contribuyente del impuesto inmobiliario que recae sobre la propiedad superficiaria al año siguiente a la fecha de inscripción de la escritura por la cual se constituye el referido derecho de superficie. En caso de que el superficiario afecte la construcción al régimen de propiedad horizontal y transfiera las unidades resultantes, los adquirentes serán contribuyentes del gravamen a partir del 1 de enero del año siguiente al de la adquisición.

Artículo 122º.  Responsables obligados a asegurar el pago.- Los escribanos públicos y autoridades judiciales que intervengan en la formalización de actos que den lugar a la transmisión del dominio de inmuebles, objeto del presente gravamen, están obligados a asegurar el pago del mismo que resultare adeudado, quedando facultados a retener de los fondos de los contribuyentes, que estuvieran a su disposición, las sumas necesarias a ese efecto, sin perjuicio de los deberes establecidos en el Título Sexto del Libro Primero de este Código.

Artículo 123º.  Comunicación del Registro Real de la Propiedad.- El Registro de la Propiedad comunicará diariamente a La Dirección toda enajenación por transferencia que se anote y en general, cualquier modificación al derecho real de la propiedad como asimismo toda protocolización de título, declaratoria y traslaciones de dominio relativas a toda propiedad ubicada en el territorio de la Provincia.

Capítulo III

De las exenciones

Artículo 124º.  Enumeración.- Están exentos de todos los impuestos y adicionales establecidos en el presente Título:

1. El Estado Nacional, los Estados provinciales y las Corporaciones Municipales.

No se hallan comprendidos en ésta exención los inmuebles de los organismos, reparticiones y demás entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, que vendan bienes o presten servicios a terceros a título oneroso.

La exención a las Corporaciones Municipales está condicionada a la exención de impuestos municipales al Estado provincial que a tal efecto establezcan los Municipios a través de las correspondientes ordenanzas.

2. Los inmuebles destinados a templo de todo culto religioso y conventos, pertenecientes a instituciones religiosas reconocidas por autoridad competente, no pudiendo gozar de este beneficio los que produzcan rentas o sean destinados a fines ajenos al culto.

3. Los inmuebles que pertenezcan en propiedad o usufructo o que hayan sido cedidos en uso gratuito a asociaciones civiles con personería jurídica, cuando dichos bienes sean utilizados para los siguientes fines:

a) Servicios de Salud Pública y de Asistencia Social y de Bomberos Voluntarios.

b) Instituciones deportivas.

4. Los inmuebles destinados a escuelas, colegios, bibliotecas públicas, universidades populares, instituciones educacionales y de investigaciones científicas y cooperadoras escolares; sean que pertenezcan en propiedad o usufructo o hayan sido cedidos en uso gratuito a tales fines.

5. Los inmuebles ocupados por asociaciones obreras, de empresarios o profesionales, con personería jurídica o gremial, por las asociaciones de fomento o mutuales con personería jurídica y las comprendidas en el Decreto Nº 24.499/45 ratificado por la Ley Nacional Nº 12.921, que se regirán por el artículo 45 del mismo; y por los partidos políticos siempre que les pertenezcan en propiedad, usufructo o les hayan sido cedidos gratuitamente en uso.

6. Los inmuebles ubicados fuera de los ejidos de las corporaciones municipales cuyo propietario o poseedor de título de dueño no tenga otra propiedad, siempre que dicho inmueble sea habitado o explotado personalmente por aquél y que su valuación no exceda el límite que fije la Ley de Obligaciones Tributarias.

7. Las propiedades de empleados públicos destinadas a viviendas propias, que estuvieran hipotecadas en garantías de préstamos acordados para su construcción o adquisición por instituciones oficiales, siempre que dichos empleados o sus cónyuges no posean otros inmuebles cuya valuación exceda de la cantidad que fija la Ley de Obligaciones Tributarias.

Capítulo IV

De la base imponible y del pago

Artículo 125º.  Determinación de la base imponible.- La base imponible del impuesto establecido en el presente Título está constituida por los valores de los inmuebles determinados por La Dirección, según lo disponga el Poder Ejecutivo de conformidad a las leyes respectivas.

Artículo 126º.  Forma de pago.- El impuesto establecido en el presente Título deberá pagarse anualmente, en una o varias cuotas, en las condiciones y términos que La Dirección establezca.

TITULO SEGUNDO

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.

Capítulo I

Del hecho imponible

Artículo 127º.  El ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la Provincia del Chubut, del comercio, industria, profesión, oficio, locación de bienes, obras o servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste y el lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo otro de similar naturaleza) estará alcanzado con un impuesto sobre los ingresos brutos.

La habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la índole de las actividades, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la vida económica.

Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad gravada el desarrollo, en el ejercicio fiscal, de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las gravadas por el impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto, cuando los mismos sean efectuados por quienes hagan profesión de tales actividades.

La habitualidad no se pierde por el hecho de que, después de adquirida, las actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua.

Artículo 128º.  Se considerarán también actividades alcanzadas por este impuesto las siguientes operaciones, realizadas dentro de la Provincia, sea en forma habitual o esporádica:

1. Profesiones liberales. El hecho imponible está configurado por su ejercicio, no existiendo gravabilidad por la mera inscripción en la matrícula respectiva.

2. La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción. Se considerará "fruto del país" a todos los bienes que sean el resultado de la producción nacional pertenecientes a los reinos vegetal, animal o mineral, obtenidos por acción de la naturaleza, el trabajo o el capital y mientras conserven su estado natural, aún en el caso de haberlos sometido a algún proceso o tratamiento - indispensable o no - para su conservación o transporte (lavado, salazón, derretimiento, pisado, clasificación, etc.).

3. El fraccionamiento y la venta de inmuebles (loteos), y la compraventa y la locación de inmuebles. Esta disposición no alcanza a:

a) Alquiler de hasta tres (3) propiedades, en los ingresos correspondientes al propietario, salvo que éste sea una persona jurídica o se trate de un fideicomiso.

b) Venta de inmuebles efectuada después de los dos (2) años de su escrituración, en los ingresos correspondientes al enajenante, salvo que éste sea una persona jurídica o se trate de un fideicomiso. Este plazo no será exigible cuando se trate de ventas efectuadas por sucesiones, de ventas de única vivienda efectuadas por el propio propietario y las que se encuentren afectadas a la actividad como bienes de uso.

c) Venta de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de diez (10) unidades, excepto que se trate de loteos efectuados por una una persona jurídica, un fideicomiso o por quienes hacen profesión de la actividad.

d) Venta de única vivienda efectuada por el propio propietario.

e) Ventas de inmuebles que se encuentren afectados a la actividad como bienes de uso.

f) Transferencia de boletos de compraventa en general, salvo que dicha actividad resulte habitual.

4. Las explotaciones agrícolas, pecuarias, mineras, forestales e ictícolas.

5. La comercialización de productos o mercaderías que entren a la jurisdicción por cualquier medio.

6. La intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas.

7. Las operaciones de préstamos de dinero, con o sin garantía.

8. La comercialización de bienes y servicios a través de internet, medios digitales, plataformas o cualquier otra tecnología digital cuando se verifique que el domicilio del adquirente de los bienes se encuentra en el territorio provincial, o la prestación del servicio se utilice económicamente en la Provincia o que recae sobre sujetos, bienes o cosas radicadas, domiciliadas o ubicadas en territorio provincial, o cuando el prestador o locador contare con una presencia digital significativa en la Provincia de Chubut.

Se considera presencia digital significativa cuando las operaciones se realicen por acceso libre del adquirente del bien o servicio, radicado o domiciliado en la Provincia del Chubut, a un sitio web sin esfuerzo ni costos adicionales de venta, en los términos que a tal efecto determine La Dirección y que de estas se obtengan ingresos brutos por la prestación de servicios digitales o comercialización de bienes a sujetos domiciliados en la Provincia.

Artículo 129º.  Para la determinación del hecho imponible, se atenderá a la naturaleza específica de la actividad desarrollada, con prescindencia - en caso de discrepancia - de la calificación que mereciera a los fines de policía municipal o de cualquier otra índole, o a los fines del encuadramiento en otras normas nacionales, provinciales o municipales, ajenas a la finalidad de la Ley.

Artículo 130º.  Ingresos no gravados.- No constituyen ingresos gravados con este impuesto los correspondientes a:

1. Trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable.

2. El desempeño de cargos públicos.

3. El transporte internacional de pasajeros y/o cargas efectuado por empresas constituidas en el exterior, en estados con los cuales el país tenga suscriptos o suscriba acuerdos o convenios para evitar la doble imposición en la materia, de los que surja, a condición de reciprocidad, que la aplicación de gravámenes queda reservada únicamente al país en el cual estén constituidas las empresas.

4. Las exportaciones, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de productos y mercaderías efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración Nacional de Aduanas.

Esta exención no alcanza a las actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza.

5. Honorarios de Directorios y Consejos de Vigilancia, ni otros de similar naturaleza. Esta disposición no alcanza a los ingresos en concepto de sindicaturas.

6. Jubilaciones y otras pasividades, en general.

Capítulo II

De los Contribuyentes y demás responsables

Artículo 131º.  Sujeto Pasivo.- Son contribuyentes de este Impuesto los sujetos mencionados por el Artículo 12º del Código Fiscal que obtengan ingresos brutos derivados de una actividad gravada.

Cuando lo establezca La Dirección deberán actuar como Agentes de Retención, Percepción, y/o Información las personas humanas, las personas jurídicas públicas y las privadas, las sociedades, asociaciones, entidades, empresas y contratos asociativos sin personería jurídica, y todo otro sujeto que intervenga en operaciones o actos que constituyan hechos imponibles a los efectos del presente impuesto, ajustándose a los procedimientos que establezca La Dirección.

Capítulo III

De la base imponible

Artículo 132º.  Determinación.- Salvo expresa disposición en contrario, el gravamen se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios, en especie o en servicios - devengado por el ejercicio de la actividad gravada no pudiendo realizarse detracciones de ningún tipo, salvo las expresamente contempladas en la ley, quedando incluidos entre otros los siguientes conceptos: venta de bienes, prestaciones de servicios, locaciones, regalías, intereses, actualizaciones, diferencias de cambio y toda otra retribución por la por la actividad gravada.

Cuando la contraprestación sea pactada en especie el ingreso bruto estará constituido por la valuación de la cosa, la locación, el interés o el servicio prestado, aplicando los precios, la cotización, la tasa de interés, el valor locativo, etc. oficiales o corrientes en plaza, a la fecha de generarse el devengamiento.

Las contraprestaciones pactadas en moneda extranjera se convertirán a moneda de curso legal sobre la base del tipo de cambio convenido por las partes o del tipo de cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha del devengamiento o percepción de los ingresos brutos, según corresponda, el que fuera mayor. Si a la fecha señalada no se hubiera informado el tipo de cambio previsto en el presente párrafo, se tomará el último publicado.

En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos superiores a doce (12) meses, se considerará ingreso bruto devengado, a la suma total de las cuotas o pagos que vencieran en cada período.

Fideicomisos y Fondos Comunes de Inversión. En los fideicomisos constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y Comercial y en los fondos comunes de inversión no comprendidos en el primer párrafo del artículo 1° de la Ley Nacional Nº 24083 y sus modificaciones, los ingresos brutos obtenidos y la base imponible del gravamen recibirán el tratamiento tributario que corresponda a la naturaleza de la actividad económica que realicen.

Contratos asociativos. En las operaciones de distribución de la producción de los contratos asociativos indicados en el inciso 3 del Artículo 12º a sus partícipes, se considerará ingreso bruto al monto total asignado a cada integrante.

Telecomunicaciones internacionales. En las telecomunicaciones internacionales en las que su retribución sea atribuible a la empresa ubicada en el país, la base de imposición está constituida por la totalidad de dicha retribución, no pudiendo detraerse la tasa de distribución ni conceptos análogos.

Contratos a futuro. En los contratos a futuro la base imponible estará conformada por las compensaciones obtenidas o por el resultado que se obtenga de la liquidación anticipada del contrato, en su caso.

En los contratos que cubran riesgos se aplicará la alícuota general de la actividad ejercida por el contribuyente asociada y en los contratos especulativos se aplicará la alícuota aplicable a las operaciones financieras.

Compra-venta de bienes usados. En las actividades de compra-venta de bienes usados la base de imposición estará constituida por el monto total del precio de venta. En el caso de comercialización de bienes usados recibidos como parte de pago de unidades nuevas, la base imponible será la diferencia entre su precio de venta y el monto que se le hubiera atribuido en oportunidad de su recepción.

Artículo 133º.  En las operaciones realizadas por responsables que, de acuerdo al artículo 320 del Código Civil y Comercial, no tengan obligación legal de llevar contabilidad, la base imponible será el total de los ingresos percibidos en el período.

Facúltase a La Dirección a disponer los parámetros por los cuales se considera que, de acuerdo al volumen del giro de las actividades, los sujetos puedan considerarse eximidos de llevar contabilidad y deban aplicar el método de liquidación del impuesto establecido en el párrafo anterior.

Artículo 134º.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 132º, cuando circunstancias especiales así lo aconsejen, el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para disponer la liquidación del gravamen sobre la base de los ingresos brutos percibidos para las actividades de frutihorticultura, de la ganadería y de las empresas de construcción.

Artículo 135º.  Devengamiento.- Los ingresos brutos se imputarán al período fiscal en que se devengan.

Se entenderá que los ingresos se han devengado, salvo las excepciones previstas en la presente Ley:

1. En el caso de venta de bienes inmuebles, desde el momento de la firma del boleto, de la posesión o escrituración, el que fuere anterior;

2. En el caso de venta de otros bienes, desde el momento de la facturación o de la entrega del bien o acto equivalente, el que fuere anterior;

3. En los casos de trabajos sobre inmuebles de terceros, desde el momento de la aceptación del certificado de obra, parcial o total, o de la percepción total o parcial del precio o de la facturación, el que fuere anterior;

4. En el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios- excepto las comprendidas en el inciso anterior, desde el momento en que se factura o termina, total o parcialmente, la ejecución o prestación pactada, el que fuere anterior, salvo que las mismas se efectuaren sobre bienes o mediante su entrega, en cuyo caso el gravamen se devengará desde el momento de la entrega de tales bienes;

5. En el caso de provisión de energía eléctrica, agua o gas o prestaciones de servicios cloacales, desagües o de telecomunicaciones, desde el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o desde su percepción total o parcial, el que fuere anterior;

6. En el caso de intereses, desde el momento en que se generan y en función al tiempo que abarca cada período de pago;

7. En el caso del recupero total o parcial de créditos deducidos con anterioridad como incobrables, en el momento en que se verifique el recupero;

8. En los casos de distribución de la producción de los contratos asociativos a sus partícipes, desde el momento en que se documenta la asignación o se entregue el producto, lo que fuera anterior;

9. En los contratos de leasing, en el mes de vencimiento del plazo para el pago del canon o del ejercicio de la opción, según corresponda, o en el de su percepción, lo que fuere anterior, excepto que el dador sea una entidad financiera o una sociedad que tenga por objeto la realización de este tipo de contratos;

10. En los demás casos, desde el momento en que se genere el derecho a la contraprestación;

A los fines de lo dispuesto precedentemente, se presume que el derecho a la percepción se devenga con prescindencia de la exigibilidad del mismo.

Artículo 136º.  En los casos de venta de bienes, prestaciones de servicios y/o locaciones de obras y servicios gravadas que se comercialicen mediante operaciones de canje por productos primarios, recibidos con posterioridad a la entrega o ejecución de los primeros, desde el momento en que se produzca la recepción de los productos primarios.

Artículo 137º.  Ingresos no computables.- No integran la base imponible, los siguientes conceptos:

1. Los importes correspondientes a Impuestos Internos, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto para los Fondos: Nacional de Autopistas, Tecnológico del Tabaco y sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural. Esta deducción sólo podrá ser efectuada por los contribuyentes de derecho de los gravámenes citados, en tanto se encuentren inscriptos como tales. El importe a computar será el del débito fiscal o el monto liquidado según se trate del impuesto al Valor Agregado o de los restantes gravámenes respectivamente y en todos los casos, en la medida que correspondan a las operaciones de la actividad sujeta a impuesto, realizadas en el período fiscal que se liquida.

2. Los importes que constituyan reintegro de capital, en los casos de depósitos, préstamos, créditos, descuentos y adelantos, y toda otra operación de tipo financiero, así como sus renovaciones, repeticiones, prórrogas, esperas u otras facilidades, cualquiera sea la modalidad o forma de instrumentación adoptada.

3. Los reintegros que perciban los comisionistas, consignatarios y similares, correspondientes a gastos efectuados por cuenta de terceros, en las operaciones de intermediación en que actúen y siempre que rindan cuenta de los mismos con comprobantes. Tratándose de concesionarios o agentes oficiales de ventas, lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación a los del Estado en materia de juegos de azar y similares y de combustibles.

4. Los subsidios y subvenciones que otorgue el Estado Nacional, Provincial y las Municipalidades.

5. Las sumas percibidas por los exportadores de bienes o servicios, en concepto de reintegros o reembolsos, acordados por la Nación.

6. Los ingresos correspondientes a ventas de bienes de uso, entendiendo por tales a aquellos

bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad del contribuyente y no a su venta habitual. Por lo que los ingresos serán no computables siempre que se trate de ventas realizadas de manera ocasional por desafectación de los bienes de la actividad o con el objeto de renovar los activos afectados a la misma.

7. El valor de las contribuciones, prestaciones y/o aportes de los integrantes de los contratos asociativos y demás entes y formas asociativas sin personería jurídica indicados en el inciso 3) del Artículo 12º, en la medida que son necesarios para dar cumplimiento al contrato que le da origen, con independencia de las formas y medios que se utilicen para instrumentarlas.

Artículo 138º.  Base Imponible Especial.- La base imponible estará constituida por la diferencia entre los precios de compra y de venta, en los siguientes casos:

1. Comercialización minorista de combustibles líquidos cuando tengan precios oficiales de venta.

2. Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, cuando los valores de compra y de venta sean fijados por el Estado.

3. Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos.

4. Las operaciones de compraventa de divisas efectuadas por las entidades autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en cambios.

5. Comercialización de productos agrícola -ganaderos, efectuadas por cuenta propia por los acopiadores de esos productos.

6. Servicios turísticos en la medida que sean realizados por empresas de viajes y turismo regularmente inscriptas, cualquiera sea la categoría en la cual operen, siempre que lo realicen como intermediarios o comisionistas, condición que deberá acreditarse fehacientemente en la forma que establezca La Dirección. En los casos de operaciones de compraventa y/o prestaciones de servicios que por cuenta propia, efectúen las agencias de viajes y turismo, la base imponible estará constituida por los ingresos derivados de dichas operaciones, no siendo de aplicación las disposiciones del párrafo anterior.

A opción del contribuyente, el impuesto podrá liquidarse aplicando las alícuotas pertinentes sobre el total de los ingresos respectivos.

Efectuada la opción en la forma que determinará La Dirección, no podrá ser variada sin autorización expresa del citado organismo. Si la opción no se efectuare en el plazo que determine La Dirección, se considerará que el contribuyente ha optado por el método de liquidar el gravamen sobre la totalidad de los ingresos.

Artículo 139º.  En la explotación de bingos y casinos la base imponible estará constituida por la diferencia entre los ingresos por venta de fichas y los egresos por pago de las mismas. Esta disposición no será de aplicación para los restantes ingresos de dichos locales, que se regirán por las normas generales.

Artículo 140º.  Deducciones.- De la base imponible en los casos en que se determine por el principio general se deducirán los siguientes conceptos:

1. Las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos efectivamente acordados por épocas de pago, volumen de ventas, u otros conceptos similares, generalmente admitidos según los usos y costumbres, correspondientes al período fiscal que se liquida.

2. El importe de los créditos incobrables producidos en el transcurso del período fiscal que se liquida y que hayan sido computados como ingreso gravado en cualquier período fiscal. Esta deducción no será procedente cuando la liquidación se efectúe por el método de lo percibido.

Constituyen índices justificativos de la incobrabilidad cualquiera de los siguientes: la cesación de pagos, real y manifiesta, la quiebra, el concurso preventivo, la desaparición del deudor, la prescripción, la iniciación del cobro compulsivo.

En caso de posterior recupero, total o parcial, de los créditos deducidos por este concepto, se considerará que ello es un ingreso gravado imputable al período fiscal en que el hecho ocurra.

3. Los importes correspondientes a envases y mercaderías devueltas por el comprador, siempre que no se trate de actos de retroventa o retrocesión.

Las deducciones enumeradas precedentemente, podrán efectuarse cuando los conceptos a que se refieren correspondan a operaciones o actividades de los que derivan los ingresos objeto de la imposición. Las mismas deberán efectuarse en el período fiscal en que la erogación, débito fiscal o detracción tenga lugar y siempre que sean respaldadas por las registraciones contables o comprobantes respectivos.

Artículo 141º.  De la base imponible no podrán detraerse el laudo correspondiente al personal, ni los tributos que incidan sobre la actividad, salvo los específicamente determinados en la Ley.

Artículo 142º.  Comercio mayorista.- Se entenderá que existen operaciones de comercialización mayorista cuando con prescindencia de la cantidad de unidades comercializadas, la adquisición de los bienes se realice para revenderlos o comercializarlos en el mismo estado, transformarlos, alquilar su uso o afectarlos en el desarrollo de una actividad económica posterior.

Cuando no se verifiquen los supuestos precedentes, la operación se considerará venta minorista y sujeta a la alícuota correspondiente.

A los fines de lo dispuesto precedentemente los contribuyentes deberán adoptar los procedimientos de registración que permitan diferenciar las operaciones.

Artículo 143º.  Entidades Financieras.- En las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional N° 21.526, se considera ingreso bruto a los importes devengados, en función del tiempo, en cada período.

La base imponible está constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de resultado, no admitiéndose deducciones de ningún tipo.

Artículo 144º.  En los casos de operaciones de préstamos en dinero, realizados por personas físicas o jurídicas que no sean las contempladas por la ley Nacional Nº 21.526, la base imponible será el monto de los intereses y ajustes por desvalorización monetaria.

Cuando en los documentos referidos a dichas operaciones no se mencione el tipo de interés, o se fije uno inferior al que determine la Ley de Obligaciones Tributarias, se computará este último a los fines de la determinación de la base imponible.

Artículo 145º.  Compañías de Seguros y Reaseguros.- Para las compañías de seguros o reaseguros, se considera monto imponible aquél que implique una remuneración de los servicios o un beneficio para la entidad.

Se conceptúan especialmente en tal carácter:

1. La parte que sobre las primas, cuotas o aportes se afecte a gastos generales, de administración, pago de dividendos, distribución de utilidades u otras obligaciones a cargo de la institución.

2. Las sumas ingresadas por locación de bienes inmuebles y la renta de valores mobiliarios no exenta del gravamen, así como las provenientes de cualquier otra inversión de sus reservas.

No se computarán como ingresos, la parte de las primas de seguros destinadas a reservas matemáticas y de riesgos en curso, reaseguros pasivos y siniestros y otras obligaciones con asegurados.

Artículo 146º.  Comisionistas, Consignatarios, Mandatarios, Etc.- Para las operaciones efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier otro tipo de intermediación en operaciones de naturaleza análoga, la base imponible estará dada por la diferencia entre los ingresos del período fiscal y los importes que se transfieran en el mismo a sus comitentes.

Esta disposición no será de aplicación en los casos de operaciones de compraventa que por cuenta propia efectúen los intermediarios citados en el párrafo anterior.

Artículo 147º.  Agencias de Publicidad.- Para las agencias de publicidad, la base imponible estará dada por los ingresos provenientes de los "Servicios de Agencias", las bonificaciones por volúmenes y los montos provenientes de servicios propios y productos que facturen.

Cuando la actividad consista en la simple intermediación, los ingresos provenientes de las comisiones recibirán el tratamiento previsto para comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores y representantes.

Artículo 148º.   Profesiones Liberales.- En el caso de ejercicio de profesiones liberales, cuando la percepción de los honorarios se efectúe - total o parcialmente- por intermedio de Consejos o Asociaciones profesionales, la base imponible estará constituida por el monto líquido percibido por los profesionales.

Capítulo IV

De las Exenciones

Artículo 149º.  Están exentos del pago de este gravamen:

1. Las actividades ejercidas por el Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas. No se encuentran comprendidos en esta disposición los organismos o empresas que ejerzan actos de comercio o industria.

La exención a los Municipios, está condicionada a la exención de impuestos municipales al Estado Provincial que a tal efecto establezcan los Municipios a través de las correspondientes ordenanzas.

2. La prestación de servicios públicos efectuados directamente por el Estado Nacional, los Estados Provinciales, las Municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas, cuando las prestaciones efectuadas lo sean en función de Estado como Poder Público, y siempre que no constituyan actos de comercio o industria o de naturaleza financiera.

3. Las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos valores y los Mercados de Valores.

4. Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos, y que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, y las Municipalidades como así también las rentas producidas por los mismos y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria. Las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y por todo tipo de intermediario en relación con tales operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente exención.

5. La edición de libros, diarios, periódicos y revistas, en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor, o terceros por cuenta de éste. Igual tratamiento tendrán la distribución y venta de los impresos citados. Están comprendidos en esta exención los ingresos provenientes de la locación de espacios publicitarios (avisos, edictos, solicitadas, etc.).

6. Las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ante el Gobierno de la República, dentro de las condiciones establecidas por la Ley Nacional Nº 13.238.

7. Los ingresos de los socios de cooperativas de trabajo, provenientes de los servicios prestados en las mismas y el retorno respectivo.

8. Las operaciones realizadas por las asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas, instituciones religiosas y asociaciones gremiales, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar, y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En estos casos, se deberá contar con personería jurídica o gremial o el reconocimiento o autorización por autoridad competente, según corresponda.

Están excluidos del beneficio de exención establecido en el presente inciso, los ingresos provenientes del desarrollo de:

a) Las actividades de carácter comercial, industrial, producción primaria, locación de obra y/o prestación de servicios;

b) La actividad de seguros y financiera.

9. Los intereses y actualizaciones por depósitos en caja de ahorro, a plazo fijo y en cuenta corriente.

10. Los establecimientos educacionales privados, incorporados a los planes de enseñanza oficial, y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones.

11. Los ingresos provenientes de la locación de viviendas comprendidas en el régimen de la Ley Nacional Nº 21.771, y mientras le sea de aplicación la exención respecto del Impuesto a las Ganancias.

12. La actividad extractiva realizada en el marco de la Ley XVII Nº 86 de Pesca Artesanal Marina, únicamente en los casos que dicha actividad se realice con red de cerco costero con o sin bote a remo y recolección manual de mariscos a pie.

13. La actividad ganadera por las ventas que no superen el valor de 14.000 Kg de lana sucia de 20 micrones y con un rinde del 55%. El valor de lana de esas características será difundido anualmente por La Dirección, tomando como fuente el precio publicado, para el mes de septiembre del año anterior, por el Sistema de Información de Precios y Mercados (SIPyM) – INTA - Ministerio de Agroindustria de la Nación.

14. La producción textil por la preparación de fibras de uso textil y la fabricación de tejidos textiles.

15.  Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, debidamente autorizados o habilitados por autoridad competente. Se excluyen de la presente exención aquellos prestadores de servicios de comunicación audiovisual cuyas emisiones únicamente puedan ser captadas por abonados o suscriptores, en cuyo caso la exención se limita a los ingresos provenientes de la locación de espacios publicitarios.

16. Las Cooperativas y Mutualidades que  se constituyan y funcionen en la Provincia del Chubut conforme lo previsto en el Artículo 87º de la Constitución Provincial, a partir del momento de su inscripción otorgada por la autoridad de aplicación correspondiente, por los actos que realicen en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales.

17. Los ingresos brutos de las obras sociales reguladas por la Ley Nº 23660, las provinciales y municipales, que sean obtenidos en el marco de regímenes legales de cumplimiento obligatorio por parte de los destinatarios de la prestación de los servicios de salud. A tales fines se consideran también de cumplimiento obligatorio aquellos ingresos derivados de:

a) El grupo familiar primario del afiliado obligatorio, incluidos los padres y los hijos mayores de edad; en este último caso hasta el límite y en las condiciones que establezcan las respectivas obras sociales, y

b) Quienes estén afiliados a una obra social distinta a aquella que les corresponde por su actividad, en función del régimen normativo de libre elección de las mismas.

No resulta alcanzado por el beneficio exentivo el importe adicional que los destinatarios de la prestación abonen voluntariamente a las obras sociales, con el objeto de mejorar y/o ampliar el nivel de su cobertura de salud o el servicio que comercialicen las mismas.

18. Los servicios de la banca minorista y de entidades financieras no bancarias, correspondientes a los intereses y ajustes de capital de los préstamos hipotecarios otorgados a personas humanas, con destino a la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

19. Las Sociedades del Estado de la Provincia del Chubut.

Capítulo V

De la Liquidación y Pago

Artículo 150º.  Período Fiscal. Anticipos.- El período fiscal será el año calendario. El pago se hará por el sistema de anticipos y ajuste final, sobre ingresos calculados sobre base cierta, en las condiciones y plazos que determine La Dirección.

Tratándose de contribuyentes comprendidos en las disposiciones del Convenio Multilateral del 18/08/77 y sus modificaciones, los anticipos y el pago final serán mensuales, con vencimiento dentro del mes subsiguiente al de devengamiento o percepción de los ingresos gravados, según corresponda, en fecha a determinar por la Comisión Plenaria prevista en el Convenio citado y que se trasladará al primer día hábil posterior cuando la fecha adoptada con carácter general recayera en un día que no lo fuera.

Artículo 151º.  Declaración Jurada y otros conceptos.- El impuesto se liquidará por Declaración Jurada, en los plazos y condiciones que determine La Dirección, la que establecerá, asimismo, la forma y plazo de inscripción de los contribuyentes y demás responsables.

Juntamente con la liquidación del último pago del ejercicio deberán presentar una declaración jurada en la que se resuma la totalidad de las operaciones del año.

Artículo 152º.  Los contribuyentes, los agentes de retención o percepción y demás responsables ingresarán el impuesto de conformidad con lo que determine al efecto La Dirección.

El impuesto se ingresará por depósito en el Banco del Chubut S.A. o en las entidades bancarias con las que se convenga la percepción.

Artículo 153º.  Cuando un contribuyente ejerza dos o más actividades o rubros alcanzados con distinto tratamiento, deberá discriminar en sus declaraciones juradas el monto de los ingresos brutos correspondientes a cada uno de ellos.

Cuando omitiera esta discriminación, estará sujeto a la alícuota más elevada, tributando un impuesto no menor a la suma de los mínimos establecidos en la ley impositiva anual por cada actividad o rubro.

Las actividades o rubros complementarios de una actividad principal - incluida financiación y ajustes por desvalorización monetaria - estarán sujetos a la alícuota que, para aquélla, contemple la ley impositiva.

Artículo 154º.  Del ingreso bruto no podrán efectuarse otras detracciones que las explícitamente enunciadas en la presente Ley, las que, únicamente podrán ser usufructuadas por parte de los responsables que, en cada caso, se indican.

No dejará de gravarse un ramo o actividad por el hecho de que no haya sido previsto en forma expresa en esta Ley o en la Ley de Obligaciones Tributarias. En tal supuesto, se aplicará la alícuota general.

Artículo 155º.  En la declaración jurada de los anticipos o del último pago, conforme lo disponga La Dirección, se deducirá el importe de las retenciones sufridas, procediéndose, en su caso, al depósito del saldo resultante a favor del fisco.

Capítulo VI

Convenio Multilateral

Artículo 156º.  Los contribuyentes que ejerzan actividades en dos o más jurisdicciones, ajustarán su liquidación a las normas del Convenio Multilateral vigente.

Las normas citadas pasan a formar, como Anexo, parte integrante de la presente Ley. En caso de concurrencia, las mismas tendrán preeminencia.

No son aplicables, a los mencionados contribuyentes, las normas generales relativas a impuestos mínimos e importes fijos.

Artículo 157º.  El Banco del Chubut S.A. efectuará la percepción de los impuestos correspondientes a todos los fiscos que deban efectuar los contribuyentes del Convenio Multilateral, acreditando los fondos resultantes de la liquidación efectuada en favor de esta Provincia, y realizando las transferencias que resulten en favor de los fiscos respectivos, a condición de reciprocidad.

La recaudación y transferencias respectivas, por ingresos de otros Fiscos, se hallarán exentas del impuesto de Sellos respectivo.

Las normas relativas a la mecánica de pago y transferencia y los formularios de pago, serán dispuestos por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

Artículo 158º.  Iniciación de Actividades.- En los casos de iniciación de actividades deberá solicitarse -con carácter previo- la inscripción como contribuyentes, presentando una declaración jurada y abonando el impuesto mínimo que correspondiera a la actividad.

En caso de que, durante el período fiscal el impuesto a liquidar resultara mayor, lo abonado al iniciar la actividad será tomado como pago a cuenta debiendo satisfacerse el saldo resultante.

Artículo 159º.   Cese de Actividades.- En caso de cese de actividades incluido transferencias de fondos de comercio, sociedades y explotaciones gravadas deberá satisfacerse el impuesto correspondiente hasta la fecha de cese, previa presentación de la declaración jurada respectiva. Si se tratara de contribuyentes cuya liquidación se efectúa por el sistema de lo percibido, deberán computar también los importes devengados no incluidos en aquel concepto.

Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación obligatoria en los casos de transferencias en las que se verifique reorganización con continuidad económica para la explotación de la o de las mismas actividades y se conserve la inscripción como contribuyente en tales actividades, supuesto en el cual se considera que existe sucesión de las obligaciones fiscales.

Evidencian continuidad económica:

1. La fusión de empresas u organizaciones incluidas unipersonales - a través de una tercera que se forme- o por absorción de una de ellas.

2. La venta o transferencia de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente independientes, constituyan un mismo conjunto económico.

3. El mantenimiento de la mayor parte del capital en la nueva entidad.

4. La permanencia de las facultades de dirección empresarial en la misma o mismas personas.

La Dirección podrá establecer los requisitos, plazos y condiciones que deberán cumplir la empresas reorganizadas para poder obtener y mantener los efectos impositivos previstos en el presente artículo.

Artículo 160º.  El Poder Ejecutivo establecerá las distintas alícuotas a aplicar a los hechos imponibles alcanzados por la presente ley. A tal fin fijará:

1. Una tasa general para las actividades de comercialización y prestaciones de obras y/o servicios.

2. Una tasa diferencial, inferior, para las actividades de producción primaria y la industrialización y comercialización mayorista de combustibles líquidos en los términos de las Leyes Nacionales Nº 23.966; 23.988 y Decreto 2485/91 del Poder Ejecutivo Nacional.

3. Una tasa diferencial, intermedia, para la producción de bienes.

4. Tasas diferenciales, superiores a la general, para las actividades con base imponible especial y para actividades no imprescindibles o de alta rentabilidad.

5. Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer las alícuotas aplicables a la venta al por menor (expendio al público) de combustibles líquidos para adecuarlas a las disposiciones de las Leyes Nacionales Nº 23.966, 23.988 y Decreto 2485/91 del Poder Ejecutivo Nacional.

Fijará asimismo los impuestos mínimos y los importes fijos a abonar por los contribuyentes, tomando en consideración la actividad, la categoría de los servicios prestados o actividades realizadas en el mayor o menor grado de suntuosidad, las características económicas y otros parámetros representativos de la actividad desarrollada.

Artículo 161º.  En los contratos de compraventa y transferencia de vehículos automotores, el impuesto se liquidará sobre el precio de venta o sobre el valor de tasación que para los mismos establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación, el que sea mayor.

 TÍTULO TERCERO

IMPUESTO DE SELLOS

Capítulo I

Del hecho imponible

Artículo 162º.  Hecho Imponible.- Por todos los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso que se realizaren en el territorio de la Provincia, por operaciones liquidadas a través de tarjetas de crédito o de compras y sobre operaciones monetarias que representen entregas, recepciones de dinero que devenguen interés, efectuados por entidades financieras regidas por la Ley Nacional Nº 21526 y sus modificatorias, con asiento en la Provincia aunque se trate de sucursales o agencias de una entidad con domicilio fuera de ella, se pagará el impuesto con arreglo a las disposiciones que establece el presente Título y de acuerdo con las alícuotas o montos fijos que establezca la Ley de Obligaciones Tributarias.

Los instrumentos que no consignen lugar de otorgamiento, se reputarán otorgados en jurisdicción provincial, sin admitir prueba en contrario.

Los contradocumentos en instrumento público o privado, estarán sujetos al mismo impuesto aplicable a los actos que contradicen.

Artículo 163º.  Actos de aclaratoria, confirmación o ratificación.- Se gravará con un impuesto fijo los actos de aclaratoria, confirmación o ratificación de actos anteriores que hayan pagado el impuesto y los de simple modificación parcial de las cláusulas pactadas, siempre que:

1. No se aumente su valor, cualquiera fuere la causa (aumento del precio pactado, mayores costos, actualización por desvalorización, etc.).

2. No se cambie su naturaleza o los términos del acuerdo, o de otro modo se efectúe la novación de las obligaciones convenidas.

3. No se sustituyan las partes intervinientes o no se prorrogue el plazo convenido, cuando la prórroga pudiera hacer variar el impuesto aplicable.

Si se diera el supuesto establecido en el inciso 1, el impuesto se aplicará sobre el incremento, siendo obligatoria la referencia del instrumento original en el cuerpo del nuevo instrumento.

Si se dieran los restantes supuestos o no se cumpla con la condición expuesta en el párrafo anterior, se pagará sobre el respectivo instrumento, el impuesto que corresponda por el nuevo acto.

Artículo 164º.  Hechos celebrados fuera de la Provincia.- También se encuentran sujetos al pago de este impuesto, los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso concertados en instrumentos públicos o privados fuera de la jurisdicción de la Provincia en los siguientes casos:

1. Cuando los bienes objeto de las transacciones se encuentren radicados o situados en el territorio provincial.

2. Cuando se produzcan efectos en la Provincia, por cualquiera de los siguientes actos: aceptación, protesto, negociación, inscripción en los registros públicos, demanda de cumplimiento, cumplimiento, ejecución o presentación ante autoridades judiciales, administrativas, árbitros, jueces o amigables componedores cuando tengan por objeto hacer valer, modificar o dejar sin efecto los derechos y obligaciones constatados en los respectivos instrumentos.

Los efectos a los que se refiere el párrafo anterior abarcan los actos enunciados en este Código Fiscal, así como también aquellos previstos en los artículos 259 y 1109 del Código Civil y Comercial.

No se considerará que producen efectos en la jurisdicción provincial, la presentación, exhibición, transcripción o agregación de tales instrumentos en dependencias administrativas o judiciales, registros de contratos públicos e instituciones bancarias, cuando sólo tengan por objeto acreditar personería o extremos probatorios que no tengan el objeto designado en el párrafo anterior.

3. Los contratos de suministro de materiales y equipos para la ejecución de obras públicas en el país, que se formalicen en instrumentos separados del de la ejecución de la obra, cuando en tales instrumentos conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontraban ubicados en la Provincia o, no habiendo constancia de la ubicación de los mismos, que el domicilio del vendedor este ubicado en esta jurisdicción.

4. Las operaciones de compraventa de mercaderías, cereales, oleaginosos, productos o subproductos de la ganadería o agricultura, frutos del país y semovientes, registrados o no en bolsas, mercados, cámaras o asociaciones con personería jurídica, cuando en los respectivos instrumentos o registros conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontraban ubicados en la provincia o, no habiendo constancia de la ubicación de los mismos, que el domicilio del vendedor esté ubicado en esta jurisdicción.

5. Los contratos de seguros que cubran riesgos sobre cosas situadas o personas domiciliadas en la Provincia.

6. En todos los casos formalizados en el exterior cuando de su texto o como consecuencia de los mismos, resulte que deban ser negociados, ejecutados o cumplidos en la Provincia.

Artículo 165º.  Instrumentación.- Por todos los actos, contratos u operaciones a que se refiere los artículos anteriores deberá satisfacerse el impuesto correspondiente por el sólo hecho de su instrumentación o existencia material, con abstracción de su validez o eficacia jurídica o verificación de sus efectos.

Se entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones, de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones, sin necesidad de otro documento.

También se considerarán instrumentos, a los efectos del impuesto definido en el presente título, a las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan conforme a la utilización que cada usuario de tarjetas de crédito o de compras hubiere efectuado.

La anulación de los actos o la no utilización total o parcial de los instrumentos, no dará lugar a devolución, compensación o acreditación del impuesto pagado.

Artículo 166º.  Independencia de los impuestos entre sí.- Los impuestos establecidos en este Título son independientes entre sí, y deben ser satisfechos aun cuando varias causas de gravamen concurran a un solo acto, salvo expresa disposición en contrario.

Artículo 167º.  Fondos de Garantía.- Las retenciones por parte del importe o precio establecido en cualquier contrato para formar fondos de garantía o destinados a los mismos, constituyen el otorgamiento de una garantía sujeta al gravamen pertinente, independiente del que corresponda al contrato principal.

Artículo 168º.  Correspondencia epistolar, telegráfica y otros medios.- Los actos, contratos y operaciones realizadas por correspondencia epistolar, telegráfica, correo electrónico o contratos celebrados por medios electrónicos, de acuerdo a las previsiones del Código Civil y Comercial, están sujetos al pago del Impuesto de Sellos en las formas y condiciones que La Dirección así lo establezca.

Artículo 169º.  Obligaciones accesorias.- En las obligaciones accesorias, deberá liquidarse el impuesto aplicable a las mismas, juntamente con el que corresponda a la obligación principal, salvo que se probare que esta última ha sido formalizada por instrumento separado, en el cual se haya satisfecho el gravamen correspondiente.

Artículo 170º.  Obligaciones a Plazo.- No constituyen nuevos hechos imponibles las obligaciones a plazos que se estipulen en el mismo acto para el cumplimiento de las prestaciones relacionadas con los contratos en los cuales, por cualquier razón o título, se convenga la transferencia del dominio de bienes inmuebles o muebles.

Artículo 171º.  Obligaciones sujetas a condición.- Las obligaciones sujetas a condición, serán consideradas como puras y simples a los fines de la aplicación del impuesto.

Artículo 172º.  Prórroga de Contrato.- Para estimar el valor de los contratos en que se prevea su prórroga se procederá de la siguiente forma:

1. Cuando la prórroga deba producirse por el sólo silencio de las partes y aun cuando exista el derecho de rescisión por manifestación expresa de voluntad de ambas o de una de ellas, se calculará el tiempo de duración del contrato inicial, más un período de prórroga igual al original. Cuando la prórroga no prevea períodos determinados, se la considera como de dos (2) años, que se sumarán al plazo inicial.

2. Cuando la prórroga esté supeditada a una declaración instrumentada de voluntad de ambas partes o de una de ellas, se calculará el sellado sólo por el período inicial, pero en el momento de usarse la opción o de convenirse la prórroga, se sellará el instrumento en que ella sea documentada.

3. Cuando no se haya manifestado en forma documentada la aceptación o uso de la opción, deberá abonarse el impuesto correspondiente a la prórroga en el acto de demandarse en juicio el cumplimiento de la opción.

Capítulo II

De los contribuyentes y demás responsables

Artículo 173º.  Contribuyentes. Divisibilidad del impuesto.- Son contribuyentes del impuesto de Sellos todos aquellos que realicen las operaciones, o formalicen los actos y contratos u originen las actuaciones sometidos al presente impuesto.

El impuesto será divisible, excepto en los casos citados a continuación:

1. En los pagarés, letras de cambio y órdenes de pago, el impuesto estará a cargo del librador, sin perjuicio de que el portador sea solidariamente responsable al momento de su pago.

2. En los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa, el impuesto estará a cargo del concesionario.

3. En la subasta judicial, la totalidad del impuesto de sellos que alcance a dicha operación, estará a cargo del adquirente.

Artículo 174º.  Solidaridad.- Cuando en la realización del hecho imponible intervengan dos o más personas, todas se consideran contribuyentes solidariamente por el total del impuesto de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 14º del presente Código, quedando a salvo el derecho de cada uno de repetir de los demás intervinientes la cuota que le correspondiere de acuerdo con su participación en el acto, excepto en los casos previstos en el Artículo 173º.

Artículo 175º.  Exención parcial.- Si alguno de los intervinientes estuviere exento del pago del impuesto, sea proporcional o fijo, por disposición de este Código o leyes especiales, la obligación fiscal se considerará divisible al sólo efecto del cálculo del sujeto exento y la exención se limitará a la cuota que le corresponda al sujeto exento en relación a la parte en la que se encuentre vinculado.

Artículo 176º.  Agentes de Retención e Información.- Los Bancos y compañías de seguros que realicen operaciones que constituyan hechos imponibles a los efectos del presente artículo efectuarán el pago de los impuestos correspondientes, por cuenta propia y de sus codeudores como agentes de retención o percepción, ajustándose a los procedimientos que establezca La Dirección. Asimismo cuando lo establezca La Dirección, deberán actuar como Agentes de Retención, Percepción y/o Información las personas humanas, las personas jurídicas públicas y las privadas, las sociedades, asociaciones, entidades, empresas y contratos asociativos sin personería jurídica, y todo otro sujeto que intervenga en operaciones o actos que constituyen hechos imponibles a los efectos del presente ajustándose a lo que establezca La Dirección.

Artículo 177º.  Responsabilidad solidaria.- Son solidariamente responsables del pago del impuesto omitido total o parcialmente, intereses, recargos y multas, los que endosen, admitan, presenten, tramiten, autoricen, conserven o tengan en su poder documentos, actos y/o instrumentos sujetos al impuesto sin el pago del impuesto correspondiente o con uno de menor valor al que corresponda.

Capítulo III

De las exenciones

Artículo 178º.  Entidades públicas.- Están exentos del Impuesto de Sellos, el Estado Nacional, el Estado Provincial y las Corporaciones Municipales. La exención alcanza a los Organismos y Reparticiones del Sector Público Provincial no financiero y Organismos descentralizados y/o autofinanciados e instituciones de Seguridad Social (la exención no alcanza a la actividad de seguros).

No se hallan comprendidos en esta exención los actos, contratos u operaciones de aquellos organismos, reparticiones y demás entidades estatales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, que se relacionen con la venta de bienes o prestación de servicios a terceros a título oneroso.

La exención a las Corporaciones Municipales está condicionada a la exención total de impuestos municipales al Estado Provincial que a tal efecto establezcan los Municipios a través de las correspondientes Ordenanzas.

Artículo 179º.  Estarán exentos del impuesto establecido en este Título:

1. Las instituciones religiosas reconocidas por autoridad competente.

2. Las cooperadoras escolares y de policía, asociaciones de bomberos voluntarios con personería jurídica y las asociaciones civiles conformadas por ex Combatientes de Malvinas con personería jurídica legalmente otorgada en la Provincia del Chubut.

3. Los partidos políticos con personería jurídica y asociaciones municipales reconocidos legalmente.

4. Las asociaciones civiles y fundaciones de asistencia social, de caridad, de beneficencia y científicas, con personería jurídica.

5. Las instituciones de educación, instrucción, artísticas, culturales y deportivas reconocidas por autoridad competente.

6. Las universidades nacionales, sus facultades, escuelas, institutos y organismos deportivos.

7. Las obras sociales siempre que estén reconocidas por el Instituto Nacional de Obras Sociales y funcionen de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional de Obras Sociales.

En todos los casos, siempre que sus réditos y patrimonio social se destinen exclusivamente a los fines de su creación, no persigan fines de lucro y, en ningún caso, se distribuyan directa o indirectamente entre socios, integrantes, y/o asociados. Se excluye de la exención establecida en este artículo, a aquellas entidades organizadas jurídicamente en forma comercial, las que obtienen sus recursos en todo o en parte de la explotación regular de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares o del desarrollo habitual de actividades agropecuarias así como la industrialización y expendio al público de combustibles líquidos, gas natural y otros derivados del petróleo.

Artículo 180º.  Las Cooperativas y Mutualidades que funcionen en la Provincia estarán exentas del impuesto establecido en este Título, a partir del momento de su inscripción, otorgada por la Autoridad de Aplicación correspondiente, por los actos que realicen en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales.

Artículo 181º.  Exenciones Objetivas. En los casos que a continuación se expresan, quedarán exentos del Impuesto de Sellos, además de los casos previstos en leyes especiales, los siguientes actos, contratos y operaciones:

Operaciones sobre inmuebles:

1. Los actos y contratos que instrumenten la adquisición del dominio y/o constitución de gravámenes bajo el régimen de préstamos otorgados para la adquisición o construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente hasta el monto del préstamo, debiendo la persona otorgante del crédito y el beneficiario del mismo declarar en la respectiva escritura pública que el inmueble objeto del acto será o es destinado a los fines precedentemente citados. Esta manifestación bastará para gozar de la exención sin perjuicio de las facultades de verificación de La Dirección y de las responsabilidades tributaria y penal en que pudieran incurrir los declarantes.

2. Los actos, convenios e instrumentos que tengan por objeto la construcción, refacción y/o ampliación de unidades de vivienda de carácter único, familiar y de ocupación permanente, sus servicios complementarios, infraestructura y equipamiento, en los que intervenga el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

3. Los actos que instrumenten convenios, arrendamientos, promesas de venta, financiación y transferencia de dominio de unidades de vivienda de carácter único, familiar y de ocupación permanente a las personas físicas que participen en todo acto que esté ligado a la constitución final de hipotecas a favor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y/o títulos de propiedad de los beneficiarios.

4. Letras y pagarés hipotecarios con notas de escribanos públicos.

Contratos de seguros:

5. Los contratos de seguros que cubran riesgos sobre importaciones y exportaciones y los referentes a riesgos agrícola-ganadero, mientras que los productos asegurados no salgan del poder del productor.

6. Los contratos de seguro de vida y los contratos de seguro de riesgo de trabajo cuyos beneficiarios sean agentes del sector público provincial.

Instrumentos de transferencia de vehículos usados:

7. Los instrumentos de transferencias de los vehículos usados celebrados a favor de las agencias, concesionarios o intermediarios inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, en tanto destinen los respectivos vehículos automotores a su posterior venta.

Documentación comercial:

8. Los recibos que exterioricen únicamente la recepción de una suma de dinero, sin constituir reconocimiento de deuda.

9. Los recibos que exterioricen la recepción de pagarés.

10. Vales que no consignen la obligación de pagar sumas de dinero; las simples constancias de remisión o entrega de mercaderías o notas-pedidos de las mismas, notas de crédito y de débito y las boletas que expidan los comerciantes como consecuencia de ventas al contado realizadas en el negocio.

11. Las facturas y facturas conformadas y sus endosos.

12. La factura de crédito y documentación accesoria que se emitan de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 24.760, sus modificaciones y disposiciones complementarias y todo otro acto vinculado a su emisión, aceptación y transmisión.

13. Los endosos de pagarés, letras de cambio y prendas.

14. Los contratos efectuados entre emisor y cliente receptor vinculados con la operatoria de tarjetas de crédito o de compras, con excepción de las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan conforme a la utilización que cada usuario de las mismas hubiere efectuado.

15. Los documentos que se instrumenten o sean consecuencia de operaciones gravadas por el Impuesto a la Compra y Venta de Divisas.

Operaciones de importación - exportación:

16. Los documentos en que se instrumenten o sean consecuencia de operaciones de exportación de bienes producidos en la Provincia y sus correspondientes prefinanciaciones y/o financiación, así como las cesiones que de sus contratos realicen los exportadores entre sí.

17. Los actos y contratos que instrumenten operaciones de importación de bienes realizadas por el Estado Provincial y que sean declaradas de interés provincial.

18. Las contrataciones de servicios y/o consultorías prestadas desde el exterior, declaradas de interés provincial, y que sean efectuadas por el Estado Provincial con personas humanas o jurídicas con domicilio legal en el extranjero y sin corresponsalía en el país.

Operaciones bancarias:

19. La emisión de cheques y los endosos efectuados en documentos a la orden.

20. Las letras de cambio y órdenes de pago libradas sobre instituciones financieras regidas por la Ley Nacional Nº 21.526 y sus modificatorias.

21. Los actos y contratos que instrumenten operaciones financieras que realice la Provincia del Chubut por sí o a través del Banco del Chubut S.A. Esta exención alcanzará a todos los actos y contratos vinculados o accesorios derivados de las mismas.

22. Adelantos en Cuenta Corriente y créditos en descubierto afianzados con garantía hipotecaria, prendaria o cesión de créditos hipotecarios, con exclusión de las garantías mencionadas.

23. Las operaciones de crédito, cuando el instrumento cedido sea una factura de venta o prestación de servicios o certificación de obra efectuada a la Administración Pública Provincial, y el cesionario sea exclusivamente el Banco del Chubut S.A.

24. Depósitos a plazo que no hubieren devengado interés, depósitos en Caja de Ahorro y a Plazo Fijo y en Cuenta Corriente.

25. Usuras pupilares.

Operaciones de fideicomiso:

26. La constitución de los contratos de fideicomiso de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Código Civil y Comercial, con exclusión de los fideicomisos en garantía. Esta exención no alcanzará la retribución al fiduciario.

27. La transmisión fiduciaria de los bienes al patrimonio del fideicomiso.

Sociedades:

28. Contratos de constitución, modificación y disolución de sociedades que tengan su domicilio legal fuera de la Provincia, siempre que no transmita, grave o modifique el dominio de bienes que se hallen en esta jurisdicción.

29. La capitalización de saldos de "Ajustes de Capital" y/o de revalúos técnicos que efectúen las sociedades, así como las modificaciones de contratos sociales cualquiera sea la forma de la Sociedad- y de los estatutos, en la medida en que estén determinados por tales causas. Igual exención se aplicará en la capitalización o distribución de acciones recibidas de otras sociedades con motivo de la actualización que hubieran efectuado estas últimas.

30. Las prórrogas de los contratos de sociedad, las reorganizaciones de las sociedades regularmente constituidas a través de la fusión, escisión o transformación de sociedades. La reorganización de las sociedades deberá contemplar los requisitos de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Si el capital de la sociedad subsistente o de la nueva sociedad, en su caso, fuera mayor a la suma de los capitales de las sociedades reorganizadas, se abonará el impuesto sobre la diferencia entre ambos montos.

Obligaciones laborales:

31. Los instrumentos que se formalicen como consecuencia de reconocimiento de deuda que suscriban afiliados de las mutuales formadas entre empleados, jubilados y pensionistas de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal comprendidas en el Artículo 180º.

32. Recibos de sueldos, salarios y viáticos de empleados y jubilados de la Administración Pública, reparticiones autárquicas, municipalidades y comisiones de fomento.

33. Recibos que en concepto de pagos de indemnización por accidentes de trabajo, otorguen los obreros a las entidades patronales o compañías aseguradoras.

34. Constancias de pago que en los libros de sueldos y jornales se consignen por los establecimientos comerciales o industriales y los recibos que se otorguen.

35. Los instrumentos mediante los cuales se formalicen convenios de pasantías y/o becas con estudiantes en el marco de la Ley Nacional Nº 25.165.

36. Los instrumentos mediante los cuales el Gobierno Provincial o Municipal formalice la entrega de becas a estudiantes.

37. Los contratos que formalicen y extingan relaciones laborales regidas por la Ley de Contrato de Trabajo, así como también transacciones administrativas y judiciales en la misma materia.

Obligaciones accesorias:

38. Divisiones y subdivisiones de hipotecas, sustitución del inmueble hipotecado, refuerzo de garantías hipotecarias y las modificaciones en las formas de pago del capital o capital y/o intereses, siempre que no se modifique el plazo establecido originariamente para la extinción total del mutuo, aún cuando se varíen los plazos de pagos parciales convenidos.

39. Fianzas y demás instrumentos que los empleados y funcionarios públicos otorguen por razón de sus cargos a favor del fisco nacional, provincial o municipal.

40. Los avales o fianzas de terceros para garantizar operaciones de entidades comprendidas en el Artículo 179º.

41. Las fianzas, avales y demás garantías personales, cuando sean otorgadas para garantizar contratos de locación y sublocación de bienes inmuebles y que se formalicen en un solo acto.

42. Las reinscripciones de hipotecas y prendas que hubieran abonado el sellado al momento de su constitución inicial, salvo que cambie alguno de los contratantes, se aumente el importe, se incremente el plazo de cancelación y cuando esta modificación signifique variación de la base imponible.

Otras obligaciones o instrumentos:

43. Particiones de herencia realizadas judicial o extrajudicialmente.

44. Contratos de constitución, transmisión, modificación y extinción de cualquier derecho real, sobre bienes situados fuera de la Provincia.

45.Los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual que sean realizados por autores argentinos o sus derechohabientes y con el fin exclusivo de edición de libros, los contratos de edición y los contratos de traducción de libros.

46. Los contratos de impresión de libros, celebrados entre las empresas gráficas argentinas y las empresas editoras argentinas.

47. Los contratos de venta de libros, siempre que los celebren como vendedoras las empresas editoras argentinas.

48. Los instrumentos y actos vinculados con la liquidación de la sociedad conyugal.

49. Los instrumentos que se formalicen como consecuencia de reconocimiento y otorgamiento de planes de facilidades de pago por obligaciones fiscales, previsionales y del régimen de Obras Sociales.

50. Actas, estatutos y otros documentos habilitantes no gravados expresamente, que se inserten o transcriban en las escrituras públicas.

Capítulo IV

De la base imponible

Artículo 182º.  Base Imponible.- Definición: La Base Imponible del Impuesto estará constituida por el valor expresado en los instrumentos gravados en relación a la forma de pago y los que corresponda en concepto de impuestos, tasas y contribuciones tanto nacionales, provinciales, municipales y especiales, inherentes y que sean necesarias como exigencias propias de la instrumentación del acto, contrato u operación a los fines de su celebración, salvo lo dispuesto para casos determinados en este Código o Leyes Especiales.

En el caso de los contratos de locación, la base imponible estará integrada por el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico asumida convencionalmente a cargo del locatario, además de lo establecido en el párrafo anterior.

Tratándose de las liquidaciones periódicas de tarjetas de crédito o de compra, la base imponible estará constituida por los débitos o cargos del período, netos de los ajustes provenientes de saldos anteriores. Los cargos o débitos a considerar son: compras, cargos financieros, intereses punitorios, cargos por servicios, adelantos de fondos, y todo otro concepto incluido en la liquidación resumen excepto los saldos remanentes de liquidaciones correspondientes a períodos anteriores.

Para el caso de contratos de leasing, la base imponible estará constituida por la sumatoria de las cuotas de canon, más el valor residual y/o precio de ejercicio de la opción de compra.

Artículo 183º.  Transmisión de dominio a título oneroso. Transmisión de la nuda propiedad.- Por toda transmisión de dominio de inmuebles a título oneroso o de derechos y acciones sobre el mismo se liquidará el impuesto pertinente sobre el mayor valor entre el valor inmobiliario de referencia, el precio consignado en la operación o la valuación fiscal del bien objeto del acto.

Igual criterio se aplicará en la transmisión de la nuda propiedad.

El valor inmobiliario de referencia será el que determine la Autoridad de Aplicación que designe el Ministerio de Economía y Crédito Público. La citada Autoridad informará el valor inmobiliario de referencia considerando el estado del inmueble al momento del acto escritural, que servirá de base para la determinación del tributo conforme lo establecido en el primer párrafo.

En el caso de transferencias de inmuebles, se computará como pago a cuenta el impuesto de sellos abonado sobre sus respectivos boletos de compraventa, boletos de permuta y las cesiones de éstos, o sobre el valor residual o precio de ejercicio de la opción de compra en el contrato de leasing o sobre los contratos de sociedad en la parte correspondiente al valor de los inmuebles, o sobre el monto abonado en el acto de remate.

Cuando los inmuebles estén situados, parte en jurisdicción provincial y parte en otra jurisdicción y no se establezca la proporción correspondiente, o se fije monto global a la operación sin especificar los respectivos valores, se abonará el impuesto sobre el mayor valor entre el valor inmobiliario de referencia o valuación fiscal de los inmuebles ubicados en la jurisdicción provincial.

En los casos de transmisión de dominio como consecuencia de subastas judiciales, subastas públicas realizadas por instituciones oficiales conforme las disposiciones de sus cartas orgánicas y subastas privadas conforme a la Ley Nacional N° 24.441, la base imponible estará constituida por el precio de venta obtenido aunque fuere inferior a la base imponible del impuesto inmobiliario.

En las transacciones judiciales la base imponible será el monto de las mismas.

En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles tuviere lugar como consecuencia de un contrato de leasing, la base imponible al momento de formalizarse la escritura estará constituida por el valor total adjudicado al bien cuotas de canon más valor residual y/o precio de ejercicio de la opción de compra o su valor inmobiliario de referencia o su valuación fiscal, el que fuera mayor.

El valor inmobiliario de referencia también se aplicará para todos los actos que comprendan operaciones sobre inmuebles.

En las transferencias de automotores definidos por el artículo 5° del Régimen Jurídico del Automotor Ley Nacional Nº 6.582, el impuesto se aplicará sobre el precio convenido o sobre el valor del automotor determinado por modelo, conforme con la valuación que publica la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos prendarios vigente al momento de presentación de la documentación sujeta a impuesto ante cada Registro Seccional de la Propiedad Automotor, el que fuera mayor.

Cuando se trate de la traslación onerosa al primer inscripto, el impuesto se determinará en base al monto establecido en la factura de venta y nota de débito o recibo si lo hubiere, emitidos por empresas terminales o comerciantes habitualitas según categorías definidas por el Digesto de Normas Técnico Registrales de la DNRPA, en el Título II, Capítulo VI - Sección 1°: artículo1°, o sobre el valor del automotor conforme con la valuación que publica la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, vigente a la fecha de presentación de la documentación sujeta a impuesto, ante cada Registro Seccional de la Propiedad Automotor, el que fuera mayor.

Cuando la transferencia del automóvil usado sea realizada en remate judicial o a través de transacciones judiciales el impuesto se aplicará sobre el precio obtenido en el remate. Se tomará como fecha de generación del hecho imponible, la fecha del acto de remate o transacción judicial.

Artículo 184º.  Contratos de concesión.- En los contratos de concesión, sus cesiones o transferencias y sus prórrogas otorgadas por cualquier autoridad administrativa, el impuesto se liquidará sobre el valor de la concesión o mayores valores resultantes.

En el caso de que no se determinase el valor, el impuesto se aplicará sobre el capital necesario para su explotación, cuyo monto deberá ser expresamente declarado por el concesionario en el instrumento. Para ello deberá tenerse en cuenta el valor de las obras y/o inversiones a realizar o, en su defecto, los importes que representen el valor de la totalidad de los bienes destinados a la explotación y el dinero necesario para su desenvolvimiento.

Artículo 185º.  Permutas.- En las permutas de inmuebles, cuando no hay compensación en dinero para equiparar el valor de las cosas permutadas, el impuesto se aplicará sobre la mitad de la suma de los valores que se permutan. Si en la permuta no hubiera valor asignado a los inmuebles o éste fuera inferior a las valuaciones fiscales o valores inmobiliarios de referencia, de los bienes respectivos, el impuesto se aplicará sobre la mitad del valor resultante de la suma de las valuaciones fiscales o valores inmobiliarios de referencia, lo que sea mayor.

Si la permuta comprendiese muebles o semovientes, el impuesto se liquidará sobre el valor asignado por las partes o el que podrá fijar La Dirección, previa tasación, el que fuera mayor.

Si la permuta comprendiese inmuebles y muebles o semovientes el impuesto se liquidará sobre la valuación fiscal o valor inmobiliario de referencia, el mayor de aquellos o sobre el mayor valor asignado a los mismos.

En el caso de permutas que comprendan inmuebles ubicados en varias jurisdicciones el impuesto se aplicará sobre el mayor valor entre el valor asignado en la operación, la valuación fiscal total o valor inmobiliario de referencia del o de los inmuebles ubicados en jurisdicción de la Provincia.

Si los inmuebles están ubicados, parte en jurisdicción de la Provincia y parte en otra jurisdicción, y la transferencia se realiza por un precio global sin determinarse en el respectivo instrumento los valores que corresponden a cada jurisdicción, el impuesto se aplicará sobre el importe resultante de proporcionar el monto imponible, en función de la superficie de los inmuebles.

En ningún caso el monto imponible podrá ser inferior a la valuación fiscal del o de los inmuebles ubicados en esta jurisdicción.

En los casos en que una de las partes compense a la otra con una suma de dinero para equiparar el valor de las cosas entregadas en permuta y ésta sea inferior o igual al valor de la cosa dada, la operación será considerada permuta y la base imponible estará constituida por la mitad de la suma total del valor asignado a la operación. Caso contrario la operación se reputará como compraventa, con la base imponible que corresponda a dicho acto.

Artículo 186º.  Cesión de derechos  sobre inmuebles.- En las cesiones de derechos referentes a inmuebles, el impuesto pertinente se aplicará sobre el precio convenido. Al consolidar el dominio, deberá integrarse la diferencia del impuesto que corresponda a toda transmisión de dominio a título oneroso, tomándose como pago a cuenta el impuesto abonado al momento de la cesión.

Artículo 187º.  Rentas vitalicias.- En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles tuviere lugar como consecuencia de un contrato oneroso de renta vitalicia, la base imponible estará dada por el monto acumulado de diez (10) anualidades de renta (valuada conforme las previsiones del artículo 1602 del Código Civil y Comercial) o el resultante de acumular el siete por ciento (7%) anual de la valuación fiscal o valor inmobiliario de referencia, durante diez (10) años, de los tres cálculos, el que fuere mayor.

Artículo 188º.  Usufructo, Uso y Habitación, Servidumbre, Anticresis, Superficie, Tiempo Compartido, Cementerio Privado.- En los derechos reales de Usufructo, Uso y Habitación y Tiempo Compartido, cuyo valor no esté expresamente determinado, el monto se fijará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 187º.

En los actos de constitución de derechos reales de Servidumbre y Cementerio Privado la base imponible del impuesto estará constituida por el valor expresamente determinado por las partes.

Para el caso del derecho real de anticresis, el monto sujeto a impuesto se constituye con la sumatoria del capital e intereses estipulados entre el deudor y acreedor anticresista.

Tratándose del derecho real de superficie, la base imponible estará dada por el monto acumulado de diez (10) anualidades de renta, si se trata para construir o cinco (5) si es para forestar, o el resultante de acumular el siete por ciento (7%) anual de la valuación fiscal o valor inmobiliario de referencia, durante diez (10) o cinco (5) años, según modalidad antes expresada. De la comparación de ambas bases imponibles, se tomará la mayor.

Artículo 189º.  Contratos de constitución de sociedades. Cesión de Cuotas. Aportes en Especie.- En los contratos de constitución de sociedades civiles o comerciales, sus prórrogas y/o ampliación de capital, la base imponible será el monto del capital social o del ampliado cualquiera sea la forma y términos estipulados para aportarlo y la naturaleza y ubicación de los bienes.

Tratándose de sociedades de capital el instrumento gravado es el contrato constitutivo.

En caso de aumento de capital, el impuesto se aplicará sobre el incremento, siendo el instrumento gravado el acta de la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria que disponga el aumento de capital.

En la cesión de participaciones societarias la base imponible será el importe de la cesión o el valor nominal de las participaciones, el que fuere mayor.

Cuando se aportare bienes inmuebles, ya sea como única prestación o integrando capital, se deducirá del capital social la suma que corresponda al mayor valor entre el avalúo fiscal o valor inmobiliario de referencia de éste o al valor que se le atribuya en el contrato si fuere mayor que los valores resultantes de la comparación anterior, sobre la cual se aplicará en liquidación independiente la alícuota establecida para toda transmisión de dominio de inmuebles a título oneroso. En oportunidad del otorgamiento de la escritura pública respectiva, se procederá a computar como pago a cuenta del impuesto resultante el tributo abonado por ese acto al momento de la constitución de la sociedad o modificación del contrato social.

Si se aportan bienes muebles o semovientes, deberá aplicarse la alícuota que establezca la Ley de Obligaciones Tributarias sobre el monto de los mismos.

Si se aporta el activo y pasivo de una entidad civil o comercial y en el activo se hallan incluidos uno o más inmuebles, se liquidará el impuesto según la alícuota que fije la Ley de Obligaciones Tributarias anual para las operaciones inmobiliarias sobre la mayor suma resultante entre la valuación fiscal, el valor inmobiliario de referencia, el valor contractual o estimación de balance, debiéndose tener presente que si dicho valor imponible resultare superior al del aporte, tal impuesto será el único aplicable aunque en el referido activo figuren muebles o semovientes. Esta circunstancia, se acreditará por medio de un balance suscripto por Contador Público matriculado en la Provincia, aún cuando el acto se hubiera otorgado fuera de su jurisdicción.

El mismo procedimiento se observará cuando el aporte consista en la transferencia de un fondo de comercio en el que se hallen incluidos inmuebles.

Cuando el aporte consista en la transferencia de un fondo de comercio en cuyo activo no existan inmuebles, se aplicará el impuesto según la alícuota que fije la Ley de Obligaciones Tributarias anual para las operaciones correspondientes.

En todos estos casos en que el aporte de capital se realice en las formas antes indicadas, deberá acompañarse a la declaración copia autenticada de un balance debidamente firmado por Contador Público matriculado en la Provincia, cuyo original se agregará a la escritura como parte integrante de la misma.

En los casos de constitución de sociedades o modificaciones del contrato social en los que se determine que esos actos deban formalizarse mediante instrumento, el impuesto deberá tributarse sobre este último, admitiéndose tomar como pago a cuenta el impuesto abonado en la constitución o modificación del contrato social anterior.

Cuando para la formación de las sociedades anónimas se adopte la forma de constitución provisional, el impuesto se pagará en el acto de la constitución definitiva, debiendo abonarse en el acto de la constitución provisional el impuesto fijo correspondiente.

Artículo 190º.  Sociedades constituidas fuera de la Provincia.- Las sociedades constituidas fuera de la jurisdicción de la Provincia, sólo pagarán el impuesto cuando con el fin de establecer, dentro de esta jurisdicción, sucursales o agencias de sus negocios, inscriban sus contratos en el Registro Público de Comercio. El impuesto se aplicará a dicha sucursal o agencia, sobre el capital asignado en el contrato, otros acuerdos o resoluciones posteriores.

Artículo 191º.  En los casos de disolución y siguiente constitución de sociedad en un solo y mismo acto, con los mismos bienes y aunque se incorporen nuevos socios, sólo se cobrará el impuesto por la constitución de la nueva sociedad. Si hubiera retiro de algún socio de la sociedad disuelta, se pagará también el impuesto que corresponda por la parte reconocida a dicho socio en el acto de disolución.

Artículo 192º.  Constitución de contratos asociativos.- En los contratos asociativos y cualquier otro instrumento redactado de acuerdo a las previsiones establecidas en el artículo 1446° del Código Civil y Comercial, el impuesto se aplicará sobre el monto de las contribuciones destinadas al fondo común operativo, sus prórrogas y ampliaciones.

Artículo 193º.  Contratos hidrocarburíferos.- En los contratos destinados a la explotación y exploración de hidrocarburos el impuesto se liquidará tomando como base imponible, el compromiso de inversión asumido en el respectivo instrumento, más las garantías que pudieran otorgarse.

A los efectos de determinar el plazo a partir del cual deberá pagarse el impuesto, se tendrá en cuenta la fecha de notificación a la empresa adjudicataria del acto aprobatorio del contrato.

Artículo 194º.  Disolución y liquidación de sociedades.- En las disoluciones y liquidaciones de sociedad se aplicarán los impuestos pertinentes de acuerdo con la naturaleza de los bienes a distribuirse, observándose las siguientes reglas:

1. Si la disolución de la sociedad es total el impuesto se aplicará sobre el monto de la totalidad de los bienes.

2. En las disoluciones parciales de sociedad, deberá pagarse el impuesto sólo por la parte que corresponda al socio o socios salientes.

3. Si la parte que se adjudica al socio o socios saliente/s consiste en un bien inmueble, deberá pagarse el impuesto a la transmisión de dominio a título oneroso, el cual se liquidará sobre el mayor valor entre el valor inmobiliario de referencia, la valuación fiscal del mismo o el monto de la adjudicación.

4. Si la parte que se adjudica al socio o socios, consiste en dinero, títulos de renta u otros bienes deberá pagarse el impuesto establecido correspondiente, que se liquidará sobre el monto de la adjudicación.

Los impuestos a que se refiere el presente artículo deberán pagarse siempre que medie adjudicación de dinero o bienes de otra naturaleza a los socios, aun cuando la sociedad hubiere experimentado pérdidas en su capital.

De conformidad con las normas establecidas en el presente artículo, la liquidación de los impuestos en los casos de disolución de sociedades, deberá practicarse con sujeción al monto efectivo de los bienes que se adjudiquen a los socios, salvo lo establecido para los bienes inmuebles.

Artículo 195º.  Contratos de préstamos con hipoteca sobre inmueble sin afectación especial.- En los contratos de préstamos comerciales o civiles, garantidos con hipoteca constituida sobre inmuebles situados dentro y fuera de la jurisdicción provincial, sin afectarse a cada uno de ellos con una cantidad líquida, el impuesto se aplicará sobre el avalúo fiscal o el valor inmobiliario de referencia, el mayor, del o de los inmuebles situados en la Provincia del Chubut.

En ningún caso el impuesto podrá liquidarse sobre una suma mayor a la del préstamo.

Artículo 196º.  Contrato de locación o sublocación de inmuebles.- En los contratos de locación o sublocación de inmuebles que no fijen plazo, se tendrá como monto total de los mismos el importe de dos (2) años de alquileres.

Cuando se establezca un plazo con cláusula de opción a una prórroga del mismo se procederá en la siguiente forma:

1. Cuando la prórroga deba producirse por el solo silencio de las partes o aun cuando exista el derecho de rescisión por manifestación expresa de voluntad de ambas o de una de ellas, se calculará el tiempo de duración del contrato inicial más el período de prórroga. Cuando la prórroga sea por tiempo indeterminado, se la considerará como de dos (2) años, que se sumará al período inicial, si la prórroga fuera por períodos sucesivos, se tomará el total de éstos hasta un máximo de tres (3) años.

2. Cuando la prórroga esté supeditada a una expresa declaración de voluntad de ambas partes o de una de ellas, se calculará el sellado sólo por el período inicial, pero en el momento de usarse la opción o de convenirse la prórroga, se sellará el instrumento en que ella sea documentada.

Artículo 197º.  Contratos de locación de servicios.- En los contratos de locación de servicios que no fijen plazo se tendrá como monto total de los mismos, el importe de tres (3) años de retribución. Las prórrogas o renovaciones tácitas se juzgarán de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 196º.

Salvo disposición en contrario de este Código, en los contratos de ejecución sucesiva el impuesto se aplicará sobre el valor correspondiente a la duración total o a los primeros tres (3) años si son por más tiempo.

Artículo 198º.  Contratos de afirmados.- En los contratos de afirmados celebrados entre empresas y vecinos, el impuesto que corresponda abonar será liquidado con la intervención de La Dirección, previo el asesoramiento técnico de organismos competentes.

El importe de las obras será el que resulte de la liquidación que a ese efecto se practicará en el respectivo expediente, y el escribano dejará expresa constancia de ello en la escritura.

Cuando se trate de obras contratadas entre empresarios y autoridades provinciales o municipales, el escribano prescindirá de esa intervención, dando cumplimiento a los demás requisitos.

Las Municipalidades no podrán acordar a esas empresas el permiso de iniciación de las obras, si éstas no hubieren acreditado previamente la reposición fiscal del o de los contratos respectivos.

Artículo 199º.  Contratos de suministro de energía eléctrica.- En los contratos de suministro de energía eléctrica que no contengan las cláusulas necesarias para determinar el monto imponible en consideración a la retribución normal que debe pagar el consumidor durante su vigencia, La Dirección requerirá al Ministerio de Economía y Crédito Público, que la oficina técnica respectiva, practique el cálculo de acuerdo con las tarifas convenidas y consultando la importancia del servicio a prestarse.

Las prórrogas o renovaciones tácitas o automáticas de los contratos de esa naturaleza, se computarán conforme a la regla del Artículo 196º.

Artículo 200º.  Contratos de cesión de inmuebles, para explotación agrícola o ganadera.- En los contratos de cesión de inmuebles para explotación agrícola o ganadera (de aparcería o sociedad o tamberos medieros) con la obligación, por parte del agricultor o ganadero de entregar al propietario o arrendador del bien cedido, un porcentaje de la cosecha o de los procreos, el impuesto se liquidará presumiéndose una renta anual equivalente al 7% (siete por ciento) del mayor valor entre el avalúo fiscal o valor inmobiliario de referencia, por unidad de hectáreas, sobre el total de las hectáreas afectadas a la explotación, multiplicado el valor resultante por el número de años de la vigencia del contrato.

Esta norma para la liquidación del impuesto, se observará en los contratos que estipulen simultáneamente retribuciones en especie y dinero; si la retribución en dinero excediera al 7% (siete por ciento) de la valuación fiscal o valor inmobiliario de referencia, el impuesto deberá liquidarse sobre el monto de tal retribución.

Artículo 201º.  Depósitos a plazo.- A los efectos de la liquidación sobre depósitos a plazos, se observarán las siguientes disposiciones:

1. En los depósitos a plazo se procederá a liquidar el impuesto tomando como base los mismos numerales utilizados para la acreditación de los intereses.

2. Cuando los depósitos se hubieren hecho en monedas extranjeras el impuesto se liquidará previa reducción que corresponda a moneda corriente, tomándose el tipo de cambio del día de la liquidación de aquél.

3. En los depósitos a plazo o que figuren a la orden conjunta o recíproca de dos o más personas el impuesto se liquidará sobre la base de los numerales, que arroje la cuenta, sin que proceda subdivisión alguna en consideración al número de los titulares del depósito.

4. Deberán acumularse los depósitos que estén a la orden de una misma persona y a nombre de otra, quedando exceptuados de la acumulación los depósitos de incapaces que estén a la orden de sus respectivos tutores, curadores o quienes a tales efectos se designen conforme lo establecido en los artículos 32, 43 y siguientes del Código Civil y Comercial.

Se acumularán los depósitos de cuentas conjuntas o recíprocas sólo en el caso en que los titulares de una cuenta sean los mismos de otra u otras.

Artículo 202º.  Adelantos de cuenta corriente o créditos.- A los efectos de la liquidación del impuesto sobre los adelantos en cuenta corriente o créditos en descubierto se observarán las siguientes reglas:

1. En todos los casos el impuesto deberá aplicarse sobre la totalidad de la suma acordada, se haga o no uso del crédito.

2. Si una cuenta tiene saldos deudores transitorios, el impuesto deberá cobrarse el día que fuere cubierto, aplicándose el impuesto sobre el saldo mayor. Se entenderá por saldo deudor transitorio, aquél que quedara al cerrar las operaciones del día. Si una cuenta corriente tuviere saldo al débito durante todo el día, pero fuera cubierto antes del cierre diario de las operaciones, no se tomará en cuenta.

3. En los casos de créditos acordados sin vencimiento determinado el impuesto se liquidará por un período de noventa (90) días al vencimiento del cual se liquidarán nuevamente por otro período de noventa (90) días, y así sucesivamente hasta su terminación, siempre sobre el saldo.

4. Los adelantos en cuenta corriente y créditos en descubierto afianzados en forma simultánea con garantía hipotecaria, prendaria o cesión de créditos hipotecarios, la alícuota se aplicará sobre el monto mayor.

Artículo 203º.  Transferencia de acciones.- El impuesto por la transferencia de acciones se liquidará independientemente sobre el valor de cada acción transferida.

Artículo 204º.  Contrato de compraventa de frutos, productos o mercaderías en general.- En los contratos de compraventa de frutos, productos o mercaderías en general, en que no se fije plazo y se estipule su entrega en cantidades y precios variables, el monto imponible se determinará tomando el promedio que resulte en un período de cinco (5) años.

Artículo 205º.  Actos, contratos u obligaciones.- En los contratos de locación de depósito de compra - venta o en cualquier otro acto, contrato u obligación, cuyo contenido determine la discriminación de cosas muebles, inmuebles o semovientes afectadas al objeto principal del acto, se abonará además, el impuesto fijo para los inventarios.

Artículo 206º.  Conversión.- Si el valor imponible se expresa en moneda extranjera, el impuesto deberá liquidarse sobre el equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio convenido por las partes o al tipo de cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha de realización del hecho imponible, el que fuera mayor.

Si en el día de otorgamiento no se hubiera informado el tipo de cambio previsto en el párrafo anterior se tomará el último publicado.

No serán oponibles al fisco las cláusulas que fijen un tipo de cambio exclusivamente para el pago del Impuesto de Sellos.

Artículo 207º.  Valor Indeterminado.- Cuando el valor de los actos sujetos a impuestos sea indeterminado, las partes deberán estimarlo a continuación del instrumento en que lo formalicen, fundándose en elementos de juicio adecuados. Dicha estimación podrá ser impugnada por La Dirección, en cuyo caso procederá la determinación de oficio.

Cuando se fije como precio el corriente en fecha futura el impuesto se pagara con arreglo al precio corriente en la fecha de otorgamiento del acto.

Cuando se careciese de antecedentes y no pudiera practicarse una estimación del valor económico atribuible al acto, se satisfacerá un impuesto fijo, que establecerá la ley de Obligaciones Tributarias.

Cuando dicho valor económico atribuible al acto o contrato no pueda estimarse al momento de su realización, pero pueda ser determinado con posterioridad, el monto fijo que establezca la Ley de Obligaciones Tributarias vigente, será computado a cuenta del impuesto que en definitiva resultare al aplicarse al instrumento el tratamiento fiscal de un contrato con valor determinado. En tal caso, el impuesto que en definitiva corresponda abonar deberá ser repuesto dentro del término de los quince (15) días de haber finalizado el plazo del contrato.

Si a la finalización del contrato no existiere verdaderamente valor determinable, por motivos fundados a criterio de La Dirección, el importe fijo oblado será considerado como impuesto definitivo, no generando en ningún caso saldo a favor alguno al contribuyente.

Cuando en el contrato o instrumento no se fije el plazo del mismo o dicho plazo sea indeterminado, el impuesto que corresponda por aplicación de lo previsto en el párrafo anterior será determinado considerando una duración de cinco (5) años. En caso de continuidad en la relación contractual, con posterioridad al plazo indicado precedentemente, se deberá considerar lo previsto en el Artículo 196º del presente Código para las prórrogas o renovaciones.

Artículo 208º.  Documentos en infracción. Determinación en base a registros contables.- Cuando se compruebe la existencia de documentos en infracción a las disposiciones de este Título, La Dirección podrá dejarlos en poder del interesado, en carácter de depositario, de acuerdo a las normas que establezca o bien los retirará bajo recibo, todo ello con las formalidades prescriptas en el Artículo 10º de este Código.

Cuando el presunto infractor utilizare los documentos intervenidos podrá hacerlo con los recaudos que en cada caso establezca La Dirección.

Capítulo V

Del pago

Artículo 209º.  Forma.- El impuesto debe abonarse dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el día siguiente del otorgamiento del acto, de su perfeccionamiento de acuerdo con las normas de este Código o del cumplimiento de efectos determinantes de la aplicación del Impuesto de Sellos.

Si el plazo del instrumento fuere menor, debe pagarse el impuesto antes del vencimiento de aquél.

El impuesto establecido en este Título será pagado con valores fiscales o en la forma que determine La Dirección a través de cualquiera de los medios de pago que establece el Artículo 60º del presente Código. Cuando la reposición se efectúe con valores fiscales, para su validez, estos deberán ser inutilizados con el sello fechador de La Dirección.

No se requerirá declaración jurada, salvo cuando lo establezcan disposiciones expresas de este Título o resolución de La Dirección. El pago del impuesto se hará bajo la exclusiva responsabilidad del contribuyente; las oficinas recaudadoras se limitarán a agregar en cada caso el sellado que se solicita, salvo cuando exista determinación previa de La Dirección.

Artículo 210º.  Instrumentos privados no repuestos correctamente o sin reponer.- Los actos, contratos y obligaciones instrumentados privadamente en papel simple o en papel sellado, o en formato digital, de un valor inferior al que corresponda satisfacer, serán habilitados o integrados sin multa, siempre que se presenten en La Dirección o en sus oficinas, dentro de los plazos respectivos.

Artículo 211º.  Instrumentos privados con más de una foja. Copia de los instrumentos.- En los actos, contratos u obligaciones instrumentados privadamente y que tengan más de una foja, el pago del impuesto figurará en la primera, y en las demás fojas se dejará constancia de la intervención del organismo.

Si la instrumentación se realizara en varios ejemplares o copias se observará para con el original el mismo procedimiento del párrafo anterior.

 En estos casos las oficinas recaudadoras deberán dejar constancia en cada copia en forma detallada, del pago del impuesto correspondiente al acto, contrato u obligaciones.

Asimismo, en el caso de instrumentos que hubieran abonado el tributo por declaración jurada, el responsable de la presentación de dicha declaración jurada deberá dejar constancia del pago realizado, de acuerdo a lo que establezca La Dirección.

Artículo 212º.  Plazo.- Los instrumentos públicos o privados sometidos a este impuesto, deberán ser repuestos dentro del término de diez (10) días de otorgarse. En las prórrogas o renovaciones de actos, contratos u operaciones, estos plazos comenzarán a regir desde el día en que fuesen instrumentados.

Para el caso de instrumentos otorgados por la administración pública nacional, provincial o municipal y sus entidades autárquicas, el término para el pago del impuesto se computará desde la fecha de su entrega a los particulares, a cuyo efecto la misma deberá hacerse constar en el cuerpo del instrumento.

Asimismo aquellos instrumentos sujetos a aprobación del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal, el plazo para el pago del sellado comenzará a regir a partir de la fecha de notificación a la empresa contratista o publicación en el Boletín Oficial del acto aprobatorio del contrato, lo que antes suceda.

Artículo 213º.  Fecha de otorgamiento. Raspaduras o enmiendas.- En todos los instrumentos sujetos a este impuesto se deberá consignar la fecha de otorgamiento. Cuando se omita este requisito o los instrumentos contengan raspaduras o enmiendas en la fecha o plazos, el contribuyente y/o responsable deberá demostrar fehacientemente dicha fecha, caso contrario se procederá al cobro de los montos adeudados con actualización, si correspondiera, y recargos por los períodos no prescriptos, tomando como fecha de celebración de los mismos cinco años anteriores a la detección de dichos instrumentos por parte de La Dirección.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los instrumentos celebrados por escritura pública, siempre que se acrediten las circunstancias que determine La Dirección.

Artículo 214º.  Forma de pago de las escrituras públicas.- El impuesto correspondiente a los actos o contratos pasados por escritura pública, se pagará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 59º, primer párrafo.

Los escribanos presentarán la declaración jurada a La Dirección en el plazo que ésta fije, con la documentación que esta última determine.

TÍTULO CUARTO

IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS

Capítulo I

Del hecho imponible

Artículo 215º.  Por todo vehículo automotor, motovehículo y utilitario, en adelante vehículos, radicados en jurisdicción provincial, se aplicará anualmente un impuesto de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente y en la norma tributaria anual.

Se considerará radicado en la jurisdicción provincial todo vehículo inscripto en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, cuyo titular registral se domicilie en jurisdicción provincial, fuera de los ejidos municipales.

A los efectos del Impuesto Automotor son considerados:

a)    Vehículos utilitarios, los que en el listado de Valuación que elabora la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) en el campo “Tipo” contengan alguna de las siguientes denominaciones:

-          Camión  y similar,

-          Chasis con y sin cabina,

-          Transporte de pasajeros, Minibus y similar,

-          Tractor de Carretera y tractor con  y sin cabina,

-          Furgones y furgonetas,

-          Utilitarios,

-          Sin especificación, que corresponda a alguno de los tipos mencionados.

Además, se considerarán utilitarios:

-          Acoplados,

-          Carretones,

-          Autoportantes, Motorhome, casillas rodantes y similares,

-          Maquinarias especiales y similares.

Las pick up podrán considerarse como utilitarios a criterio de la Dirección, la que para su acreditación requerirá la documentación correspondiente.

b)   Motovehículos, aquellos que en el campo “Tipo” del listado de valuación que elabora la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), incluyan algunas de las siguientes denominaciones:

-          Ciclomotor,

-          Cuatriciclo,

-          Cuatriciclo c/disp.,

-          Cuatriciclo c/disp. eng.,

-          Motocicleta,

-          Scooter,

-          Triciclo,

-          Triciclo de carga,

-          Sin especificación, que corresponda a alguno de los tipos mencionados.

c)    Vehículos Automotores, los que no se encuentren incluidos en los incisos anteriores.

Artículo 216º.  Los propietarios o responsables de los vehículos comprendidos en la presente norma deberán inscribirlos en los plazos y condiciones que establezca La Dirección en el registro que al efecto llevará la misma.

Artículo 217º.  Para los vehículos cero kilómetro, el nacimiento de la obligación fiscal se considerará a partir de la fecha de la inscripción inicial en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, debiendo abonarse los anticipos y/o cuotas que venzan con posterioridad a dicha fecha y la proporción del anticipo y/o cuota vencida en el mes de inscripción. A tal efecto La Dirección deberá adecuar la o las liquidaciones a fin de que el impuesto anual resulte proporcional al tiempo transcurrido desde la fecha de inscripción en el Registro.

Artículo 218º.  Por los vehículos que se solicite el alta por cambio de radicación en una jurisdicción, en el período fiscal en curso, deberá abonarse el gravamen a partir de la fecha en que se produzca el cambio de radicación.

El impuesto pagado en el lugar de procedencia hasta la finalización del período fiscal en curso, liberará al contribuyente del pago del gravamen por los meses posteriores a la fecha del cambio de radicación, debiendo para ello presentar ante La Dirección el Certificado de Libre Deuda y Baja extendido por la jurisdicción de procedencia para la acreditación de los pagos efectuados.

Artículo 219º.  No se procederá a dar de baja en esta jurisdicción a vehículos que no realicen previamente el trámite pertinente ante el Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios y que no se hallen libres de deuda de este gravamen, infracciones, multas y accesorios a la fecha de la solicitud.

Por los vehículos que se solicite la baja por cambio de radicación en el período fiscal en curso, deberá abonarse el gravamen hasta el período mensual en que se efectúa la misma.

Artículo 220º.  En los casos que las bajas se produzcan por Robo, Hurto o Siniestro con destrucción total se tributará el gravamen correspondiente hasta la fecha que conste en la denuncia policial o judicial, una vez otorgada la baja en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.

Si en el caso de robo o hurto se recuperase la unidad con posterioridad a la baja, el propietario o responsable estará obligado a solicitar su reinscripción y el nacimiento de la obligación fiscal se considerará a partir de la fecha de recupero, determinada por el Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, debiendo abonarse los anticipos y/o cuotas en igual forma a la establecida en el Artículo 217º.

En caso de baja definitiva del vehículo por desarme, destrucción, desgaste, envejecimiento o desguace, se tributará el gravamen hasta la fecha de baja establecida por el Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.

Capítulo II

De la base imponible

Artículo 221º.  La base imponible de los vehículos definidos en el Artículo 215º estará dada por la valuación correspondiente al año anterior al del impuesto a cobrar, provista por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios publicada a la fecha que defina el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal.

Hasta la fecha que defina el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, la base imponible de los vehículos definidos en el inciso a) del Artículo 215º podrá estar dada por la valuación indicada en el párrafo anterior o en función del modelo-año, peso, cargo y tipo de rodado.

Los vehículos que no tengan valuación asignada al momento del nacimiento de la obligación fiscal, tributarán el impuesto sobre el valor que fije La Dirección. Facúltase a La Dirección para resolver sobre los casos de determinación dudosa que pudieran presentarse.

Los vehículos cero kilómetro tributarán en base al valor final de la factura de compra, incluidos los impuestos, o la valuación provista por el Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, el que resulte mayor.

Los vehículos denominados “camión tanque” y “camión jaula” y aquellos utilizados de manera que sus secciones se complementen recíprocamente constituyendo una unidad de las denominadas “semi-remolques”, se clasificarán como dos vehículos separados.

Capítulo III

De los contribuyentes y responsables

Artículo 222º.  Son contribuyentes los propietarios, titulares registrales, de vehículos sujetos al impuesto, como así también los denunciados en los términos del Artículo 223º del presente texto normativo.

Son responsables solidarios del pago del impuesto:

1. Los poseedores o tenedores de los vehículos sujetos al impuesto.

2. Los vendedores o consignatarios de vehículos cero kilómetro o usados. Antes de la entrega de las unidades, los vendedores o consignatarios deberán entregar a los compradores el comprobante de pago del Impuesto establecido en este Título y el Certificado de Libre Deuda extendido por La Dirección. Dicha documentación no exime a los vendedores o consignatarios de responsabilidad, los mismos serán responsables hasta tanto se efectúe la transferencia o bien se presente la Denuncia de Venta en los términos del Artículo 223º. En ambos casos deberá efectuarse previamente dicho trámite ante el Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios pertinente.

Artículo 223º.  Los titulares de dominio podrán limitar su responsabilidad tributaria mediante Denuncia Impositiva de Venta formulada ante La Dirección, la que tendrá efectos a partir de la fecha de su presentación. Serán requisitos para efectuar dicha denuncia no registrar, a la fecha de la misma, deudas referidas al gravamen y sus accesorios, haber formulado Denuncia de Venta ante el Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, identificar fehacientemente -con carácter de declaración jurada- al adquirente y acompañar la documentación que a estos efectos determine La Dirección.

La falsedad de la declaración jurada a que se refiere el párrafo anterior y/o de los documentos que se acompañen, inhibirá la limitación de responsabilidad tributaria.

En caso de error imputable al denunciante que imposibilite la notificación al nuevo responsable, la Denuncia Impositiva de Venta no tendrá efectos mientras que aquél no sea salvado.

Capítulo IV

De las exenciones

Artículo 224º.  Están exentos del pago del Impuesto:

1. Los vehículos propiedad de la Provincia del Chubut y sus dependencias.

2. Los vehículos automotores cuyo modelo, de acuerdo al título de propiedad, exceda los 20 (veinte) años de antigüedad.

3. Los vehículos históricos inscriptos en el padrón de La Dirección.

4. Los vehículos pertenecientes a las Iglesias y cultos oficialmente reconocidos.

5. Los vehículos de propiedad de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

6. Los vehículos de propiedad de los Estados extranjeros acreditados ante el gobierno de la Nación.

7. Los vehículos de propiedad de personas con las discapacidades que determine La Dirección, o de sus familiares hasta el 1º grado de consanguinidad, siempre que la discapacidad se acredite con certificado y que sea aprobada por La Dirección. La exención alcanzará a un solo vehículo por beneficiario y se mantendrá mientras subsistan las condiciones precedentes.

8. Podrán establecerse otras exenciones particulares por Ley, siempre y cuando se respeten los principios de Armonización Tributaria.

Capítulo V

Del pago

Artículo 225º.  El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y término de pago del presente impuesto.

TÍTULO QUINTO

TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIO

Capítulo I

De los servicios retribuibles

Artículo 226º.  Servicios administrativos. Por los servicios que preste la Administración Provincial y que por disposiciones de este Título o de las leyes especiales que estén sujetos a retribución deberán pagarse las tasas cuyo monto fije la Ley de Obligaciones Tributarias por quien sea contribuyente, de conformidad con el Artículo 12º de este Código, salvo las registraciones previstas en el artículo 2210 del Código Civil y Comercial.

Artículo 227º.  Forma de pago.- Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, las tasas serán pagadas en la forma que determine La Dirección a través de cualquiera de los medios de pago que establece el Artículo 60º del presente.

Artículo 228º.  Tasa mínima.- En las prestaciones de servicio sujetas a retribución proporcional, se abonará una tasa mínima de acuerdo al monto que fije la Ley de Obligaciones Tributarias.

Capítulo II

De los servicios administrativos

Artículo 229º.  Actuación administrativa.- Salvo disposición contraria, todas las actuaciones ante la Administración Pública, deberán realizarse en el papel sellado del valor que determine la Ley de Obligaciones Tributarias no procede requerir reposición de fojas, en todas aquellas actuaciones en las cuales no se solicite expresamente un pronunciamiento o prestación de servicio por parte del Poder Público o Administrador, en sus relaciones con sus administrados, ni en los procedimientos seguidos por La Dirección para la fiscalización de la documentación judicial y determinación de las obligaciones fiscales y cuando se requiere del Estado el pago de facturas o cuentas.

Tampoco procede requerir reposición en las copias de los testimonios que se estilan para ser archivadas en el Registro de la Propiedad y Registro Público de Comercio, con la expresa declaración de que son para ese único fin.

Artículo 230º.  Reparticiones con servicios retribuíbles.- Estarán sometidos también al pago de una tasa retributiva, en particular, los servicios que presten el Registro de la Propiedad, la Escribanía General de Gobierno, la Inspección General de Sociedades, y en general cualquier otra repartición cuyos servicios deban ser retribuidos en virtud de disposición legal preexistente.

El monto de estas tasas será el que fije la Ley de Obligaciones Tributarias o leyes especiales.

Capítulo III

De la exenciones

Artículo 231º.  Actuaciones administrativas.- No se hará efectivo el pago de gravámenes en las siguientes actuaciones administrativas:

1. Las iniciadas por el Estado Nacional, el Estado Provincial y las Corporaciones Municipales. La exención alcanza a los Organismos y Reparticiones del Sector Público Provincial no financiero y Organismos descentralizados y/o autofinanciados e instituciones de Seguridad Social (la exención no alcanza a la actividad de seguros). No se hallan comprendidos en esta exención los organismos, reparticiones y demás entidades estatales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, que vendan bienes o presten servicios a terceros a título oneroso.

La exención a los Municipios estará condicionada a la exención de tasas retributivas de servicios municipales al Estado provincial, que a tal efecto dicten los Municipios a través de las correspondientes ordenanzas.

2. Peticiones y presentaciones ante los poderes públicos en ejercicio de derechos políticos.

3. Licitaciones por títulos de la deuda pública.

4. Las promovidas por asociaciones o colegios que agrupen a los que ejercen profesiones liberales.

5. Las promovidas con motivo de reclamaciones derivadas de las relaciones jurídicas vinculadas con el trabajo, en la parte correspondiente a los empleados u obreros, o a sus causa - habientes. Las denuncias y demás actuaciones promovidas ante la autoridad competente, por cualquier persona o entidad, sobre infracciones a las leyes obreras e indemnización por despido.

6. Las producidas por aclaración o rectificación de partidas de Registro Civil.

7. Expedientes de jubilaciones y pensiones y documentos que deban agregarse a los mismos, como consecuencia de su tramitación.

8. Expedientes que tengan por objeto el reconocimiento de servicios prestados a la Administración.

9. Las notas-consulta dirigidas a las reparticiones públicas.

10. Las originadas por las fianzas de los empleados públicos en razón de sus funciones.

11. Pedido de licencia y justificación de inasistencias de los empleados públicos y certificados médicos que se adjunten, como así también las legalizaciones de los mismos y trámites pertinentes.

12. Los escritos presentados por los contribuyentes acompañando letras, giros, cheques u otros documentos de libranza para pagos de impuestos.

13. Reclamos sobre valuaciones y reajustes de afirmados, siempre que los mismos prosperen.

14. Las declaraciones exigidas por leyes impositivas y los reclamos correspondientes.

15. Solicitudes por devolución de obligaciones fiscales.

16. Solicitudes por exenciones impositivas presentadas dentro del término que este Código, leyes especiales o La Dirección estableciera al efecto.

17. Expedientes por pagos de haberes a los empleados públicos.

18. Expedientes iniciados por los beneficiarios del seguro colectivo y las autorizaciones respectivas.

19. Expedientes sobre pago de subvenciones.

20. Expedientes sobre devolución de depósitos de garantía.

21. Las promovidas ante las oficinas del Registro Civil, en todo aquello que se ventile con su función específica.

22. Las autorizaciones para percibir devoluciones de obligaciones fiscales pagadas de más y las otorgadas para devolución de depósitos en garantía.

23. Los duplicados de certificados de deuda por impuesto, contribuciones o tasas, que se agreguen a los "correspondes" judiciales.

24. Cotizaciones de precios a pedido de reparticiones públicas, en los casos de compras directas autorizadas por el Poder Ejecutivo, dentro de las prescripciones de la Ley de Administración Financiera.

25. Las autorizaciones para intervenir en la tramitación de expedientes administrativos que se refieran al cobro de sumas de dinero que no excedan de Doscientos Pesos ($ 200.-) y para renovación de marcas y señales de hacienda.

26. Las iniciadas por sociedades mutuales con personería jurídica.

27. Las actuaciones formadas a raíz de denuncias; siempre que se ratifiquen por el órgano administrativo que corresponda.

28. Las informaciones que los profesionales hagan llegar a la Secretaría de Salud y al Ministerio de la Familia y Promoción Social, comunicando la existencia de enfermedades infecto - contagiosas y las que en general suministren a la Sección Estadística, como así también las notas comunicando el traslado a sus consultorios.

29. Las partidas de nacimiento y matrimonio del cónyuge, que se soliciten para tramitar la carta de ciudadanía.

30. Las referentes a certificados de domicilio.

31. En las que soliciten expediciones o reclamación de certificados escolares.

32. Cuando se soliciten testimonios o partidas de estado civil con el siguiente destino:

a) Para el enrolamiento y demás actos relacionados con el servicio militar.

b) Para promover demanda por accidentes de trabajo.

c) Para obtener pensiones.

d) Para rectificación de nombres y apellidos.

e) Para fines de inscripción escolar.

f) Para funcionarios y empleados del Estado comprendidos en los beneficios que acuerda la Ley Nacional Nº 24.815 referente a salario familiar.

g) Para adopciones.

h) Para tenencia de hijos.

33. Los actos, convenios e instrumentos que tengan por objeto la construcción, refacción y/o ampliación de unidades de vivienda de carácter único, familiar y de ocupación permanente, sus servicios complementarios, infraestructura y equipamiento, en los que intervenga el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

34. Los actos que instrumenten convenios, arrendamientos, promesas de venta, financiación y transferencia de dominio de unidades de vivienda de carácter único, familiar y de ocupación permanente a las personas físicas que participen en todo acto que esté ligado a la constitución final de hipotecas a favor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y/o títulos de propiedad de los beneficiarios.

Capítulo IV

De la tasa del Registro de la Propiedad

Artículo 232º.  No pagarán tasa por servicio fiscal del Registro de Propiedades:

1. El Estado Nacional, el Estado Provincial, las Municipalidades de la Provincia, Comisiones de Fomento, sus dependencias y reparticiones autárquicas, salvo aquellas entidades que el propio Estado organice como empresas lucrativas.

2. Las cancelaciones parciales o totales de hipotecas y del precio de compraventa.

3. Las divisiones o subdivisiones de hipotecas y las modificaciones en la forma de pago del capital o capital e intereses, siempre que no se modifiquen los plazos contratados.

4. Los actos, contratos y obligaciones otorgados bajo el régimen de la LEY XXVI Nº 920 (Antes Ley 4418).

Artículo 233º.  Tasas de la Inspección General de Justicia: No pagarán tasa por servicio fiscal de inspección de sociedades las asociaciones mutuales con personería jurídica.

Quedan exentas de las tasas generales por todo concepto las bibliotecas públicas, populares y/o escolares, bomberos voluntarios y asociaciones y/o uniones vecinales.

Capítulo V

De las normas comunes a las actuaciones administrativas

Artículo 234º.  Presentación de escritos.- Los escritos que se presenten ante cualquier dependencia de la Administración, deberán extenderse en papel sellado del valor correspondiente o integrado en su caso.

Artículo 235º.  Instrumentos acompañados a escritos.- Cualquier instrumento sujeto a gravamen, que se acompañe a un escrito, deberá hallarse debidamente repuesto, debiendo agregarse, además, sellos suficientes para extender, en su caso la respectiva resolución.

Artículo 236º.  Escritos y expedientes Reposición.- No se dará curso a los escritos que infrinjan las anteriores disposiciones, ni tampoco se tramitará expediente alguno, sin que previamente sea repuesto el sellado y fojas del mismo. Se ordenará igualmente la reposición del sellado cuando las resoluciones excedan por su extensión al sellado suministrado por las partes.

Artículo 237º.  Reposición previa a las notificaciones.- Ninguna resolución será notificada a las partes sin las previas reposiciones que correspondan, salvo aquellas resoluciones en las que se establezca expresamente, por su índole, que la notificación puede practicarse sin el cumplimiento de aquel requisito y con cargo de oportuna reposición.

Artículo 238º.  Firma de las reposiciones.- Los funcionarios intervinientes en la tramitación de actuaciones judiciales o administrativas, deberán firmar las constancias de las fojas repuestas.

Artículo 239º.  Reposiciones.- El gravamen de actuación corresponde por cada hoja de expediente, como asimismo de los exhortos, certificados, oficios, diligencias, edictos, interrogatorios, pliegos, planos, testimonios, facturas, cédulas y demás actos o documentos consecuencia de la actuación, aunque no hubieren de incorporarse a los autos o expedientes administrativos.

Artículo 240º.  Actuación de oficio.- Cuando la Administración Pública actúe de oficio en salvaguardia de intereses fiscales, la reposición de fojas y demás gravámenes establecidos en la presente ley, que no se encontraren satisfechos en virtud de la exención legal de que aquella goza, serán a cargo de la persona o entidad contra la cual se haya deducido el procedimiento, siempre que la circunstancia que lo originara resultara debidamente acreditada. En caso contrario, serán reintegrados a los interesados los valores que hubieren empleado en defensa de sus intereses particulares.

Artículo 241º.  Condenación en costas.- En los casos de condenación en costas, el vencido deberá reponer todo el papel común empleado en el juicio que, en virtud de exención, no hubiera satisfecho la parte privilegiada.

Artículo 242º.  Liquidación por parte del actuario.- El actuario debe practicar en todos los casos sin necesidad de mandato judicial o de petición de parte, la liquidación de la tasa proporcional de justicia y demás gravámenes creados por la presente ley que no se hubieren satisfecho en las actuaciones respectivas; intimando su pago.

Artículo 243º.  Elevación de las actuaciones judiciales.- Las actuaciones judiciales no serán elevadas al superior en los casos de recursos, sin el previo pago de los impuestos y tasas que a la fecha de la elevación corresponda satisfacer.

ANEXO

CONVENIO MULTILATERAL PARA EVITAR LA DOBLE O MULTIPLE IMPOSICION

El presente Convenio forma parte integrante de la LEY XXIV Nº 10 (antes Ley 1581) (Véase Anexo A de la Ley mencionada).